La diputada Lucía Meza Guzmán, actual coordinadora de la bancada del sol azteca, dio a conocer que ante las reformas en la materia a nivel federal, en Morelos también tendría que modificarse nuevamente el artículo 19-Bis constitucional, en la que se especificaría que para impulsar cualquier figura de participación ciudadana el único facultado sería el nuevo Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, dependiente de la Federación.

En este marco, refirió que ya no tendría ninguna validez la ley estatal que refería la necesidad de crear un Consejo de Participación Ciudadana que calificaría la procedencia o no de las solicitudes para vincular una figura como derecho de los ciudadanos.

Cabe recordar que actualmente la Constitución de Morelos, en el artículo 19-Bis, reconoce como medios de participación ciudadana el plebiscito, referéndum y la iniciativa popular.

La diputada Meza Guzmán aseguró que no se trata de ninguna "chicanada legislativa" del PRD, como lo acusó su homólogo del PRI Matías Nazario Morales para evitar que los ciudadanos utilicen los medios de participación en contra del actual gobierno estatal, que es de extracción perredista.

"Tenemos que reformar el 19-Bis porque ya no tendría razón de ser la Ley de Participación Ciudadana, derivado de la reforma político-electoral, pues ahora es el INE, a través de sus instituciones, institutos locales, que lleva a cabo este procedimiento de participación ciudadana", declaró.

La diputada perredista dijo que respecto a este análisis jurídico es que también se descartó cualquier posibilidad de que en Morelos se puedan hacer valer  los medios de participación ciudadana en el próximo proceso electoral, toda vez que ya no están en tiempo de hacer las adecuaciones legales antes del mes de octubre, cuando inicia oficialmente el proceso electoral.

Esta propuesta será impulsada por el PRD, aunque hay que recordar que diputados priistas manifestaron su inconformidad por la determinación de no integrar el Consejo de Participación Ciudadana cuando la legislación estatal determina la existencia de dicho órgano, y afirmaron que más bien se trató de una estrategia para proteger al gobernador del estado.