Ante la controversia generada entre la iniciativa privada por la construcción de las nuevas oficinas del Poder Legislativo, el también integrante de la Comisión de Modernización afirmó que no existe oportunidad para que se pueda cancelar el proyecto, toda vez que fueron etiquetados 500 millones de pesos del préstamo que se autorizó al Ejecutivo en el 2012.

En todo caso, agregó, podrían considerar como diputados locales etiquetar un presupuesto para la construcción de una central camionera, como han propuesto empresarios, en la Ley de Egresos del gobierno del estado para el 2015.

"Una propuesta no puede pasar sobre la otra. No creo que sean proyectos canjeables, creo que se requiere de una central camionera metropolitana como se requiere también un Congreso del estado, creo que tiene que haber recursos para ambas cosas porque son polos de desarrollo ambos", declaró.

El diputado perredista afirmó que por muchos años se ha aplazado el proyecto de la nueva sede y tras un acuerdo con el Ejecutivo (en el 2012) se logró impulsarlo. "Pese a su retraso, es un proyecto que va avanzando y así nos lo ha dicho el gobernador", agregó.

Messeguer Gally comentó que sólo falta elegir de tres terrenos cuál será el espacio para la construcción de la nueva sede legislativa, opciones que se ubican en el primer cuadro de la capital, a fin de que las oficinas de los tres poderes del estado se centralicen en Cuernavaca.

Una vez que se tome una determinación del terreno, añadió, se convocará a los colegios de ingenieros civiles y arquitectos para hacer la propuesta de lo que será el nuevo edificio.

En cuanto a la central camionera, aseveró que se trata de un proyecto privado, y si bien el Congreso del estado podría ayudar a que el gobierno estatal aporté un presupuesto para la obra, es la iniciativa privada la que debe invertir en el mismo.

"La central camionera si bien es de interés público, es un asunto privado y el gobierno tiene que dar las condiciones para que esa central camionera se desarrolle, pero con recursos que provengan de la iniciativa privada y el Congreso no, es un asunto público”.