De acuerdo con reportes confirmados por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, en punto de las ocho de la mañana de este martes, cerca de 50 internas iniciaron la huelga de hambre para exigir el respeto a sus derechos fundamentales.

El organismo informó que el visitador especializado en asuntos penitenciarios Raúl Díaz García ingresó al centro de reinserción social, donde confirmó la huelga e inició un primer acercamiento con las internas, quienes manifestaron no tomar voluntariamente alimento alguno hasta que se cumplan sus peticiones, las que incluyen la destitución de la subdirectora del penal femenil, Eva Juárez Marquina.

Las internas se quejaron de la mala calidad en la comida, el condicionamiento o negativa de visitas familiares, amenazas y malos tratos por parte del personal de seguridad y custodia.

Por tal motivo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos inició la queja 13/2014-VEAP, en la que se solicitó la implementación de medidas precautorias para garantizar que no se vulneren los derechos de las mujeres sometidas a proceso o que purgan alguna sentencia en centros de reclusión.

Posteriormente, se realizó una larga reunión en la que participó Lucio Hernández Gutiérrez, coordinador de la Unidad de Reinserción Social; Ricardo Alejandro Reyes Ocampo, director de Establecimientos Penitenciarios; Eva Mariela Juárez Marquina, subdirectora del área femenil del penal de Atlacholoaya; y el visitador de la CDHEM, Raúl Díaz.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, afirmó que la protesta fue producto de los cambios y las medidas disciplinarias que se implementan en los centros de reinserción social, particularmente en el área femenil del penal de Atlacholoaya para obtener una certificación.

“Estamos llevando a cabo un proceso de certificación, en particular en el de mujer, el femenil, para poder alcanzar la certificación quizá en el mes de noviembre y esto ocasiona que estemos implementando y aplicando reglamentos que no se aplicaban, implementando medidas que a veces son incómodas para algunas internas”, dijo.

Insistió en que “una certificación nos conviene a todos, también a ellas, tener un penal certificado además de tener recursos, les conviene para tener libertades anticipadas. Nos conviene a todos tener una institución que sea confiable y que respetando los derechos humanos también se cumplan los reglamentos”, dijo.