Los integrantes de la Junta Política y de Gobierno determinaron que el Poder Legislativo de Morelos es incompetente para proceder en contra de funcionarios que cometieron delitos del fueron común, tal y como lo prevé la Constitución política del estado.

De esta forma, a la solicitud de declaración de procedencia que presentó la Fiscalía General el pasado 2 de junio con base en la carpeta de investigación iniciada por la denuncia que presentó el magistrado Rubén Jasso Díaz por agresiones, el Congreso del estado respondió de la siguiente forma: "es ocioso e innecesario, por cuestión de técnica jurídico-procesal, proseguir con el análisis en cuestión, al no colmarse en su totalidad los requisitos de procedencia previstos por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, debiendo desechar en consecuencia la presente solicitud de declaración de procedencia”.

Dentro de los argumentos que expusieron en su resolución los diputados se señala que la solicitud de la Fiscalía no cumplió con el requisito de procedibilidad enmarcada en el artículo 25, fracción II, inciso C de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que la conducta atribuida no está prevista en el artículo 136 constitucional.

Y así, sin entrar al fondo del asunto, el Congreso del estado determinó improcedente la solicitud de la Fiscalía, que en semanas anteriores diputados habían advertido tenía intereses más bien políticos que judiciales.