En el diario, se señala: “la Comisión de Participación Ciudadana y Reforma Política del Congreso del Estado de Morelos de la LII Legislatura, tuvo a bien emitir Convocatoria para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana, de conformidad con la Ley de la materia; sin embargo, como consecuencia de las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos en materia Político-Electoral, aprobadas mediante Sesión Ordinaria de este Poder Legislativo, el día 11 de junio del presente año, se dispuso en su régimen transitorio, que la legislación secundaria dispondrá la extinción del Órgano Constitucional Autónomo denominado Instituto Estatal Electoral, misma Institución que se encarga de implementar los medios de participación ciudadana como son referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato, y ante la iniciativa por la cual se crea el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, misma que fue turnada por el Pleno de este Congreso a la Comisión correspondiente para su análisis y dictamen, los suscritos integrantes de esta Comisión Legislativa, estimamos procedente dejar sin efectos la Convocatoria para la Integración del Consejo de Participación Ciudadana publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el día 18 de junio de 2014, con el propósito de que una vez vigente la ley secundaria electoral, esta Comisión emita nueva Convocatoria, esto con la finalidad de ajustarse a las reformas en materia electoral”. Y que una vez vigente la ley secundaria electoral, esta comisión emitirá una nueva convocatoria.
Bajo este contexto, el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Morelos, Juan Carlos Salgado Ponce, se mostró desconcertado e indignado con esta “mala noticia de echar abajo la convocatoria de integración del Consejo Estatal de Participación Ciudadana”. Considera que el acuerdo publicado se hizo “en lo obscurito con la complicidad del gobierno del estado”.
Ayer los empresarios se reunieron para definir las acciones a implementar, “por la falta de formalidad por parte de las autoridades que pretenden que los ciudadanos sigamos secuestrados y sometidos por sus partidos y sus grupos de poder”. Recuerda que la aprobación del consejo fue algo que impulsaron empresarios y organizaciones civiles y que en su momento aplaudieron.
Por su parte, José Emilio Antúnez, representante de una organización civil que se ha dedicado a socializar el tema de la ley de participación ciudadana, lamentó el argumento que esgrimieron los legisladores, en particular –dijo- la diputada Lucía Meza, quien fue la que dio a conocer esta situación “ayer en la sesión del Congreso”.
Señaló que también se van a reunir de forma urgente con abogados para “buscar la asesoría para estimar hasta dónde podemos llegar y proceder para evitar que se eche abajo esto, porque con este acuerdo ahora lo que va a suceder es que se va a alargar la constitución de este consejo pues el 15 de julio concluyen las actividades legislativas y regresan en septiembre, y de aquí a que se sientan y analizan el asunto, este consejo estará formándose hasta marzo del otro año”.
