Los alcaldes acudieron ayer a una sesión extraordinaria del Instituto para el Desarrollo y fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) en la que esperaban la asistencia de diputados y del subsecretario del Transporte, José Luis Correa Villanueva, quien sería enviado en representación del secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén.

Los temas considerados en la agenda fueron los relacionados al otorgamiento de créditos y refinanciamiento y también al transitorio décimo constitucional que generó polémica entre los alcaldes, debido a que en el documento que envió el Congreso se consideraba la disminución de tres meses en la duración de las administraciones municipales.

La sesión comenzó pasadas las cinco de la tarde. La única legisladora que acudió fue Erika Hernández Gordillo, del Partido Nueva Alianza, quien se retiró una hora después tras aceptar que no tenía capacidad de respuesta ante la ausencia del resto de los coordinadores parlamentarios, quienes no respondieron a la convocatoria del Instituto de Fortalecimiento.

Pasadas las ocho de la noche llegaron a la sede del Idefomm el subsecretario del Transporte, José Luis Correa Villanueva y el subsecretario de Gobierno, Omar Darío de Lasse Cañas, quienes pretendían entrar al salón donde sesionaban los presidentes municipales. Sin embargo no les fue permitido el acceso debido a que llegaron con tres horas de retraso.

En entrevista, Correa Villanueva señaló: “Vine a tratar de convencerlos de que separemos los  temas. Yo fui el promotor del Pacto Hacendario y el principal operador; cuando asumieron el cargo coadyuvamos para que se les diera un apoyo a través de sus participaciones. Ellos sacaron la conclusión. El gobierno no puede disponer de 500 millones de pesos del recurso público para condonar deuda. No se puede actuar con una lógica de amateur.

Se trata de un problema de dinero, quieren que se les de dinero. Se lo dije al presidente Tablas (refiriéndose al alcalde de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel), que me parece un vulgar chantaje”.

“Cuando hubo que apoyar a los municipios yo fui el que luchó para que se detuviera una crisis inicial”, señaló el funcionario, quien dijo que acudía como impulsor de la reforma política.

El subsecretario advirtió que la decisión de los alcaldes de no aprobar la reforma constitucional motivaría que desaparezcan los órganos electorales estatales y la elección sea atraída por el Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual –consideró- “no sería sano en términos de un ejercicio de soberanía”.

Posteriormente arribó, con carpetas en mano, la titular de la secretaría de Servicios Legislativos y Parlamentarios, Karla Parra González, para hacer aclaraciones a los ediles, pero su permanencia en la reunión no fue de más de 15 minutos. No era con quien querían dialogar, dijeron.

Después concluyó el encuentro y los alcaldes anunciaron que postergarán la aprobación de la reforma constitucional y citarán a los diputados y al Ejecutivo a una reunión el próximo martes.

A nombre de los alcaldes habló el presidente municipal de Tepoztlán, Francisco Navarrete Conde, quien aclaró que no están en contra de la reforma político-electoral, pero requieren que los diputados les hagan algunas aclaraciones y también pedirán que consideren que los ayuntamientos se encuentran en una crisis financiera.

“El Congreso y el Ejecutivo ya agarraron de trámite a los presidentes municipales y es algo que debe de quedar claro: cuando requieren que los municipios les aprueben algo, ahí están, pero si nosotros requerimos algo no nos responden”, dijo el edil.

Navarrete Conde señaló que los Ayuntamientos tienen 30 días para votar la reforma política y agotarán los plazos hasta que se inicien las mesas de trabajo con los diputados y con el Ejecutivo y entre más pronto se resuelva –dijo- más pronto se avalará la reforma.