El dictamen fue iniciado por los diputados Javier Bolaños Aguilar, Manuel Agüero Tovar y Arturo Flores Solorio, quienes coincidieron en señalar que la intimidación entre niños y jóvenes en una comunidad escolar, anteriormente no representaba un tema de interés público significativo, sin embargo en los últimos años tanto a nivel estatal, nacional, como mundial, se ha convertido en un problema que ha adquirido una gran importancia y relevancia dentro de las políticas educativas, ya que impacta innegablemente en la convivencia y el ambiente tanto al interior, como exterior de los planteles educativos.
Advierten en el análisis realizado por las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, Seguridad Pública y Protección Civil, que el bullying es un fenómeno de violencia interpersonal que tiene efectos de victimización de la persona que lo recibe.
“Se trata estructuralmente de un abuso de poder entre pares. Del mismo modo se le denomina acoso escolar y puede expresarse en diferentes tipos de maltrato físico y/o psicológico, pero de manera deliberada y continua, y con el objetivo de someter o asustar a una persona”.
Advierten incluso que los malos tratos, bromas pesadas o peleas entre niños y niñas en edad escolar, no son un fenómeno reciente, ni se pueden calificar de bullying en caso de constituir incidentes aislados. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que el fenómeno del acoso escolar, ha venido creciendo en México.
Señalan además que el acoso o violencia escolar se presenta tanto en instituciones públicas, como privadas y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, reprobación o incluso deserción, en razón de que muchos de estos comportamientos son ignorados en muchas ocasiones por los directivos, docentes y personal encargado de la disciplina y control de los alumnos, porque también se ignoran las quejas, denuncias y reclamos de quienes están siendo víctimas de bullying, en razón de que no se les presta la atención debida o porque las víctimas del bullying no externan lo que está sucediendo por temor a represalias mayores y por falta de comunicación con los maestros, padres y madres de familia.
Cabe señalar que para la aplicación de esta ley están obligadas a participar diversas dependencias gubernamentales: la Secretaría de Educación, de Salud, de Cultura, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), la Fiscalía General del Estado (FGE), además de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y los municipios.
Dicha ley señala que las modalidades a través del cual se ejerce violencia escolar, son física, verbal, escrita, psicológica, cibernética, sexual y exclusión social.
