La disputa por el control de la ASF se agudizó luego de que la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa para sustituir al actual órgano de fiscalización por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Sin embargo, la propuesta ni siquiera fue sometida a la consideración del Pleno y siguió generando polémica.

Al respecto, Isaac Pimentel señaló que los legisladores perredistas están en su derecho de hacer propuestas, sin embargo, el resto de los diputados también tendrá oportunidad de votar o no votar, de acuerdo con los intereses de los morelenses.

Fue claro en rechazar la propuesta del PRD porque “es el partido que está gobernando y no se puede ser juez y parte, y no pueden tener un auditor del mismo partido. El auditor no debe estar ligado a ningún partido político, como lo pretende la bancada del PRD. Me pueden decir que el actual (Luis Manuel González Velázquez) es priista, pero nosotros no lo pusimos”, dijo.

Pimentel Rivas adelantó que los perredistas han barajado algunos nombres –no quiso decirlos– y no están de acuerdo en que haya un auditor vinculado al sol azteca. Por su parte, Lucía Meza dijo que la ASF “está secuestrada” por intereses de partidos políticos, principalmente del PRI, y aseguró que la iniciativa que crea la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización no representa un retroceso democrático.

De esta manera, detalló que la iniciativa plantea revisar perfiles tanto para el nombramiento de los nuevos directores, como para los auditores de glosa. Aclaró que la forma de designación y remoción del auditor superior sigue intacta y la autonomía que la Constitución da a la auditoría no cambia. No obstante, agregó: “Lo que sí cambia y es importante es que las auditorías serán practicadas por auditores especializados, provenientes de un servicio de carrera”.

Señaló que actualmente es la Junta Política del Congreso la que designa tanto al auditor superior como a los directores generales y seguirá igual. “Quien supervisará el trabajo de la auditoría seguirá siendo la unidad de evaluación y control, y un consejo ciudadano que quedará establecido en la ley”, acotó.

En torno a la divulgación del dictamen, aclaró que éste fue entregado en tiempo a los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, por lo que no existe fundamento para advertir que el PRD pretenda quedarse con el control absoluto del nuevo órgano de fiscalización y la última palabra la tiene el Pleno legislativo, dijo.