La denuncia fue planteada por el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bolaños Aguilar, quien señaló que legalmente es una obligación de quien pretende construir un “fraccionamiento comercial y de servicios”, contar con el número suficiente de espacios para estacionamiento de los automóviles de sus clientes, previéndose en la norma un coeficiente y fórmulas matemáticas necesarias para determinar el número de lugares apto para el tamaño de la plaza comercial.

“La norma obliga a quien es propietario de un inmueble de este tipo a otorgar a sus clientes un espacio suficiente para aparcar sus automóviles, por lo que no existe ninguna obligación para el usuario de pagar por esa prestación, ya que si no existiera el espacio necesario para los vehículos de los clientes, simplemente el centro comercial no hubiera obtenido las autorizaciones para construirlo. Ahora es práctica tan común implantada por los propietarios de las plazas comerciales, que sus clientes además de consumirles los productos que ofrecen, les tengan que pagar por el tiempo que deciden utilizar el estacionamiento”, justificó el legislador.

Debido a lo anterior es que presentó una iniciativa con proyecto de decreto, con el objeto de eliminar el cobro que, por concepto de estacionamiento, hacen las plazas comerciales, para lo cual propuso adicionar un capítulo VII a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Morelos.

Lo anterior, con el objeto de que los propietarios de plazas y centros comerciales tengan la obligación de proporcionar estacionamiento a sus clientes, cuyos reclamos aumentan por el pago a que se ven obligados en cada estacionamiento de los centros comerciales a los que acuden.

Consideró que la eliminación del cobro que hacen los centros comerciales a sus clientes por el uso de los cajones de estacionamiento, que obligatoriamente deben proporcionarles, no pretende atacar al sector Productivo, pues el sólo hecho de facilitar gratuitamente a sus clientes el estacionamiento, redundará en más clientes satisfechos, con más posibilidades económicas de destinar sus recursos a la compra o pago de servicios y a conseguir incrementos en ventas y, por supuesto, se beneficiará la economía de las familias que, por su condición social, poseen un vehículo de cualquier marca o tipo.