Ante las quejas de presidentes municipales por las medidas de apremio como multas y arrestos por no cumplir con sentencias del TCA por falta de presupuesto, Estrada Cuevas sostuvo que la justicia es un derecho humano establecido en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes secundarias, que obligan a los tribunales a ejecutar las sentencias mediante las facultades legales establecidas en el marco legal.
“Aun cuando nosotros como tribunal no quisiéramos y no hiciéramos cumplir o hacer cumplir nuestras sentencias, existe el derecho humano a una justicia efectiva, y sólo será efectiva si las sentencias se cumplen”, dijo.
Sostuvo que los problemas que enfrentan los municipios no fueron propiciados por los órganos jurisdiccionales, en este caso el TCA, sino por asuntos internos que no fueron atendidos debida y oportunamente.
Estrada Cuevas manifestó que el TCA no puede, ni debe, eludir su responsabilidad, no sólo de impartir justicia sino de hacer cumplir sus sentencias mediante las medidas de apremio que establece la Ley de Justicia Administrativa.
“Imagínese usted que se dicten las sentencias y no se cumplan. Al rato nadie va a querer acudir a los tribunales y ésos van a alentar a la justicia privada que nadie queremos”, recalcó.
Señaló que no hay forma de que los funcionarios municipales libren responsabilidades si no cumplen con las sentencias de este tribunal, porque los argumentos jurídicos están por encima de los conflictos políticos y financieros.
“Entonces es irrelevante que tengan problemas políticos o financieros, porque esos problemas financieros que tienen los ayuntamientos no son causados por el tribunal o los tribunales, como se ha querido hacer ver o hacer sentir ante la sociedad. Esos problemas financieros son por cuestiones domésticas que no se supieron administrar o que no han llevado una buena administración al interior, pero no son originados por este tribunal”, aseveró.
La mayor parte de los ayuntamientos enfrentan juicios de nulidad o están obligados a cumplir diversas sentencias emitidas por el TCA, el que ha implementado diversas medidas de apremio que van desde el apercibimiento y la multa, hasta la destitución del cargo.
El caso más emblemático fue la orden de destitución del Cabildo del municipio de Emiliano Zapata, cuyo alcalde y regidores se mantienen en el cargo debido a una suspensión concedida por un tribunal federal, mientras resuelve si concede o no un amparo para evitar la remoción.
