La demanda también fue interpuesta contra el estado de Baja California Sur.

Con estos dos recursos suman ya ocho entidades cuestionadas, pues cabe recordar que con anterioridad ya habían sido presentados recursos similares en contra de Zacatecas y Baja California, el pasado 1 de mayo; y las del 15 de abril, en el mismo sentido, en contra de Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas.

Cabe destacar que en el caso de Morelos, anticipando esta demanda, el Ejecutivo estatal (que es presidente de la comisión de Educación de la Conferencia Nacional de Gobernadores) ya había enviado, desde el pasado 29 de abril una contrarreforma al Congreso local con el fin de corregir aquellos rubros que habían sido señalados por la SEP federal, pero en la Cámara de Diputados local la propuesta sigue en comisiones para su dictamen.

La Presidencia emitió un comunicado, la noche del martes, donde da a conocer esta decisión (que ya fue informada por la SEP  al gobierno estatal) en la que argumenta que la demanda de controversia constitucional se interpuso "En congruencia con la responsabilidad del Gobierno de México de velar por la estricta aplicación de la Reforma Educativa, promovida por el Presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión, la Presidencia de la República presentó dos nuevas demandas de controversia constitucional en contra de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de Baja California Sur y de Morelos”.

Ello, luego de analizar las leyes expedidas en materia educativa por cada una de esas entidades federativas, mismas que contravienen disposiciones de la Constitución General de la República y de las leyes reglamentarias correspondientes e invaden la esfera de competencia de los poderes federales, razones por las cuales contradicen el espíritu de la reforma educativa.

El referido comunicado también subraya que "con estas controversias, el Gobierno de la República busca que se declare la invalidez de las normas locales por considerarlas inconstitucionales, a fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa”.

En todos los casos, la finalidad es que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las considera fundadas, se obligue a los poderes legislativos de dichas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a lo que establece la Constitución del país.

“El Gobierno de la República reitera su firme compromiso con la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, y su responsabilidad de vigilar que la legislación local de todas las entidades del país estén en perfecta armonía con la reforma constitucional, todo con el propósito de que se garantice en beneficio de la niñez mexicana una educación de calidad", concluye el comunicado, en el que no se precisa cuáles son los puntos específicos que contravienen la reforma federal.

En su momento, la secretaria de Educación de Morelos, Beatriz Ramírez Velásquez, comentó que la iniciativa de contrarreforma que se mandó al Congreso del estado (antes de darse a conocer que la presidencia demandó a Morelos) se basó en las recomendaciones de la SEP federal, e iban en el sentido de revisar los temas de evaluación conforme a la Ley del Servicio Profesional Docente.

La legislación local establece que quienes no pasen tres evaluaciones serán reintegrados al servicio educativo, en una escuela. La norma federal estipula que el no aprobar dichas evaluaciones es motivo suficiente para que el maestro deje la práctica docente, en especial para los nuevos, es decir los que fueron contratados después de la reforma.