El secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, explicó que el gobernador no ha decidido quién asumirá su representación en el Consejo de la Judicatura, pero no descartó el regreso de la jueza Aquino Celis al cargo. “No hay plazo que no se cumpla ¿verdad? Vamos a esperar que el gobernador nos dé la indicación y tome la decisión”, dijo y sostuvo que el posible retorno a la Judicatura, la juez dependerá también de la disposición de ella “y de la plática que tenga con el gobernador; es una persona de mucha valía, que conoce y tiene una trayectoria muy amplía en el Poder Judicial”.
Y es que este 17 de mayo culmina el período de seis años de Antonio Tallabs Ortega como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, quien el 14 de mayo de 2013 fue literalmente echado del cargo por el gobernador Graco Ramírez, por lo que luego fue reinstalado al haber ganado un juicio de amparo y al haberse pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a las violaciones a la Constitución en que incurrió el Poder Ejecutivo con la remoción ilegal.
Asimismo, Messeguer Guillén sostuvo que el Poder Ejecutivo rechaza las suspicacias sobre una posible injerencia en la próxima elección del presidente del TSJ, por lo que sostuvo que hay un pleno respeto a la división de poderes.
Por otra parte, en el TSJ prevalece un clima de tensión e incertidumbre por la víspera del segundo informe de actividades de Nadia Luz Lara Chávez y la elección de presidente, la cual se llevará el viernes 16 y no el día 17 como está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lara Chávez todavía no se pronuncia abiertamente sobre su reelección, sin embargo, dentro del TSJ hay quienes consideran que su pretensión de continuidad es inminente y está apoyada no sólo por el Poder Ejecutivo, sino por el propio Congreso a través de una serie de actos legales y golpeteos mediáticos.
De acuerdo con fuentes consultadas, son signos de ataque directo contra el grupo antagónico a Lara Chávez, la convocatoria lanzada por el Congreso el 30 de abril para relevar al magistrado Andrés Hipólito Prieto, quien cuenta con una suspensión federal para no ser removido; las presiones hacia el magistrado Miguel Ángel Falcón Vega, a través de la Auditoria Superior de Fiscalización (ASF), para justificar el ejercicio de siete millones durante su gestión al frente del TSJ y la Fiscalía General del Estado (FGE), donde fue acusado de lesiones y abuso de autoridad por sus homólogos Valentín González García y Rubén Jasso; y las recientes acusaciones contra la magistrada Carmen Cuevas, acusada por el agente del Ministerio Público de intentar favorecer al ex secretario de Finanzas, acusado de peculado agravado y en prisión preventiva, Alfredo Jaime de la Torre.
A este panorama se suman las suspicacias sobre una posible injerencia del Poder Ejecutivo y el interés del Congreso, en crear los “magistrados interinos”, lo cual abre la puerta a designaciones discrecionales y el engrosamiento de la nómina del TSJ con nuevo personal recomendado, además de que esto impediría a los magistrados supernumerarios ocupar temporalmente las magistraturas numerarias, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para tener derecho a voto en el Pleno del Tribunal, máxima autoridad del Poder Judicial.
