Señaló que se venció el plazo para que la Secretaría de Salud convocara a la designación de integrantes del consejo estatal especializado en esta materia y no tomó en cuenta a la mayoría de las organizaciones civiles, expertas en el ramo.

Refirió que el viernes pasado se convocó a una reunión de concertación en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM), para proponer un listado de personas que podrían ser integrantes del consejo estatal que estipula la ley, pero la Secretaría de Salud no acudió, por lo que los dejó “plantados”, en lo que consideraron una clara muestra de su desinterés.

Gallardo López sostuvo que el discurso de la actual administración "se queda en una falacia y la ley es letra muerta, porque no existen políticas públicas en materia de discapacidad y el tema no está en la agenda de gobierno".

Aseguró que tampoco hay voluntad de cumplir con el marco normativo, al recordar que la secretaria de Salud, Vesta Richardson López Collada, tenía 30 días, a partir del 3 de diciembre del año pasado, para emitir la convocatoria para la designación de los seis consejeros representantes de la sociedad civil del consejo estatal y –sostuvo– no lo ha hecho.

Se calcula que cuando menos hay 150 mil personas en Morelos con algún tipo de discapacidad, lo que implica –aseguró– que este segmento de la población ha sido ignorado en los hechos por el actual gobierno estatal. "No hay políticas integrales, todo se queda en la línea médica y asistencialista, no hay política de inclusión en el empleo, en el desarrollo… Lo más que podemos obtener es una despensa o una silla de ruedas", aseveró.

Alejandro Gallardo consideró que uno de los rubros más gravemente desatendidos es el de transporte para personas con discapacidad, al sostener que existen vehículos que fueron comprados con recursos federales, especiales para transportar a personas con discapacidad, pero que contrario a la norma "están enclaustrados en las oficinas del DIF estatal y los municipales los usan para sus centros de rehabilitación, no para lo que fueron asignados, que es circular en la calle para dar transporte público a discapacitados".

El representante de la agrupación, que asegura aglutina a más de 20 organizaciones, aseveró que hay indicios de que se pretende que los seis consejeros de dependencias públicas, sean quienes designen a la persona que ocupará el lugar de los seis consejeros ciudadanos "para poner gente a fin a ellos, no quisieron nuestra propuesta de 15 líderes con experiencia porque les resultamos incómodos, temen, tienen pánico".

Denunció también que se pretende designar a algunos padres de familia, con el pretexto de que representan a niños con discapacidad, pero la norma es clara en cuanto a que deben ser mayores de 18 años de edad con experiencia en este campo.

A decir de Gallardo López, hay normas que los obligan como las reformas de derechos humanos de 2011 y la convención de derechos humanos de personas con discapacidad, que señala en su artículo 29 el derecho a la libre participación política y social, que participen en las decisiones.