El hermano de la ex tesorera, Arturo Carrera Rosales, defendió la inocencia de Norma -detenida y en prisión desde noviembre de 2013- y explicó que ella estuvo de manera interina a cargo de las finanzas del ayuntamiento sólo tres meses, por lo que la responsabilidad de afectar el erario municipal debe recaer sobre el ex alcalde Agustín Sánchez Ortiz, y el ex tesorero Merced Vidal.
Detalló que la ex funcionaria está delicada de salud, luego de que en el 2006 fue víctima de negligencia médica y como consecuencia se le implantó una prótesis intestinal, la cual dejó de funcionar y hace unos días tuvo que ser intervenida nuevamente, por lo que requiere una dieta y tratamiento médico especializado.
Dijo que ni el penal de Atlacholoaya ni en el Hospital General José G. Parres, hay personal capacitado para atender a Carrera González y por ello la urgencia de que se le conceda una medida diferente a la prisión, con la finalidad de que pueda viajar a la Ciudad de México a atenderse en una clínica especializada para preservar su estado de salud, mientras sigue en curso su proceso penal, el cual se desarrolla bajo el sistema de justicia tradicional.
Por su parte, el abogado de la ex funcionaria, Jesús García Aguilar, informó que fue ingresada la demanda de amparo que recayó en el Juzgado Primero de Distrito, y ante el juez federal Jorge Carenzo Rivas, la defensa expuso que la juez mixto del Quinto Distrito Judicial, con sede en Yautepec, negó el beneficio de la libertad provisional a la ex funcionaria, a pesar de su delicado estado de salud y por ello fue necesario recurrir a la justicia federal.
“A partir del 2011 los derechos humanos han cambiado, consideramos que nos asiste el derecho, la ley lo permite y hay antecedentes de otros ex funcionarios de otros municipios, que han obtenido esa libertad aún cuando ellos no han sido afectados en la salud, aquí con mayor motivo”, explicó.
Agustín Sánchez Ortiz y Norma Carrera Rosales, fungieron como alcalde y tesorera durante el trienio 2003-2006, en cuyo periodo, según la denuncia iniciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, ambos habrían cometido un desfalco por un monto aproximado de un millón 500 mil pesos.
