La mañana de este jueves los representantes legales del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, fueron notificados de la orden de destitución emitida por la segunda sala del TCA, derivado del incumplimiento de la sentencia del juicio administrativo TCA/2aS/50/11, que desde mayo de 2012 ordenó al municipio pagar tres millones 807 mil 548 pesos al consorcio Caminos y Construcciones Sánchez S.A. de C.V., quien reclamó el adeudo a la administración municipal anterior, que a su vez heredó el asunto la actual gestión.
Luego de que el Juzgado Segundo de Distrito la semana pasada, negó conceder la protección de la justicia federal a los miembros del cabildo, la segunda sala del TCA ordenó la destitución del edil Carlos Eduardo Martínez Varela, la tesorera Liliana García Ortega y los regidores Felipe de Jesús Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce, por el desacato en que incurrieron a un mandamiento judicial.
Las autoridades municipales en reiteradas ocasiones fueron sometidas a las distintas medidas de apremio, contempladas en el artículo 48 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, para instarlas a cumplir con la orden judicial y fueron apercibidas de que, en caso de no cumplir con la sentencia del juico administrativo TCA/2aS/50/11, serían destituidas.
El artículo 125 de la Ley de Justicia Administrativa, establece que “si a pesar del requerimiento y la aplicación de las medidas de apremio la autoridad se niega a cumplir la sentencia del Tribunal, podrá decretar la destitución de la autoridad o servidor público omiso”.
Ante el incumplimiento reiterado, la segunda sala del TCA ordenó la destitución, cuyo hecho sentó el primer precedente tras la reforma constitucional que entró en vigor el 23 de enero de 2013, por la cual fue retirado el fuero a los presidentes municipales y miembros de los cabildos.
Y es que anterior a esta reforma, el TCA no tenía facultades para remover a los cabildos porque tenían fuero, ya que el artículo 125 de la Ley de Justicia Administrativa, establece también que “si la autoridad demandada goza de fuero constitucional, el Tribunal solicitará al Congreso del Estado la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos”.
Incluso, los casos que llegaron al Congreso por desacato a sentencias del TCA, nunca prosperaron pero ahora que los cabildos no tienen fuero, pueden ser destituidos si se niegan a cumplir con mandatos judiciales del tribunal administrativo.
No obstante, Martínez Varela dijo que recibió una notificación del TCA, pero aseguró que la información que él tiene es que el tribunal le dio un plazo de tres días para cubrir la deuda, o de lo contrario procedería la destitución. “Tenemos tres días para poder pagar eso, hoy los abogados ya están viendo esa situación y bueno yo no tengo ningún inconveniente en pagarles, siempre y cuando sea en parcialidades” sostuvo.
Afirmó que esta deuda con Caminos y Construcciones Sánchez S.A. de C.V., le fue heredada por la anterior administración y que hace seis meses intentó llegar a un acuerdo para cubrir la deuda en parcialidades, pero la empresa se negó.
Indicó que agotará los medios legales de defensas legales, para evitar que se ejecute la destitución. “Vamos a hacer todo lo legal también, no vamos a tirar la toalla tan rápido, si aguantamos un año con todas éstas situaciones hoy veremos los créditos, veremos la mejor manera de poder salir bien” expresó.
El edil, el síndico, la tesorera y los regidores afectados por la medida, tienen la posibilidad de recurrir al juicio de amparo e impugnar la determinación del TCA.
Sin embargo, el cabildo de Emiliano Zapata está atenido a que el Poder Legislativo apruebe un crédito bancario, para que el Ayuntamiento pueda salir del atolladero por las decenas de laudos y juicios que enfrenta con ex trabajadores, proveedores y empresas.
