Las iniciativas a la Constitución local y a la Ley General de Educación, que fueron entregadas por los secretarios de Gobierno y Educación, Jorge Messeguer Guillén y Beatriz Ramírez a la Mesa Directiva, plantean prácticamente los lineamientos que a nivel federal se establecieron para lograr una educación de calidad, como lo es la evaluación constante a los docentes.
No obstante, las propuestas del Poder Ejecutivo en ningún momento contemplan una reestructuración de la administración pública, a fin de desaparecer el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) y crear una Subsecretaría de Educación como se planteó hace unos meses por parte de autoridades del gobierno estatal. De igual forma, los acuerdos alcanzados con el SNTE en Morelos lograron evitar que se afectaran los derechos laborales adquiridos por los profesores en el estado, como el pago de aguinaldo de 90 días para maestros en activo y 50 para los jubilados.
En este sentido, ayer, la misma coordinadora del PRD en el Congreso del Estado, Lucía Meza Guzmán, afirmó que no habría problemas en aprobar la iniciativa del Ejecutivo del Estado, ya que se respetan los derechos de los trabajadores de la educación.
De hecho, tras la entrega de las iniciativas, se instaló de inmediato una mesa de trabajo con los integrantes de la Comisión de Educación y autoridades del Gobierno del Estado, desde la Secretaría de Educación hasta el IEBEM, a fin de avanzar esta misma semana en la reforma educativa para Morelos.
Incluso, se dio a conocer de manera extraoficial que en la sesión ordinaria de este viernes, podrían aprobarse ambas iniciativas.
Reforma educativa planteada
El Poder Ejecutivo planteó las iniciativas de reforma a la Constitución de Morelos en sus artículos 19, 40, 70 y 12, así como modificaciones a diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado.
En lo que respecta a las modificaciones de la Constitución local, prácticamente es una copia de lo que se aprobó en la Constitución federal a fin de establecer las facultades y obligaciones del estado, y los municipios para garantizar una educación de calidad con la obligatoria participación de los padres de familia.
Asimismo, se especifica claramente que los maestros no son trabajadores de confianza y por tal, tienen derecho a las prestaciones de ley como lo es un ingreso y seguridad social. Además, se establecen las facultades del Ejecutivo para crear instituciones que garanticen una educación de calidad.
Por lo anterior, se especifica dentro de las iniciativas de reforma a la Ley de Educación del Estado, la necesidad de crear un Sistema Educativo Estatal mediante el cual se pueda someter a evaluación a los profesores, siempre apegado a la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. También se plantea la obligación del Estado para instalar el Sistema Estatal de Información Educativa, para coordinarse con el Sistema de Información y Gestión Educativa federal, entre otros puntos, que habrán de establecerse en dichas reformas, todas apegadas a lo que a nivel federal se dispuso.
