Después de varios días de buscar su versión, finalmente hasta ayer la titular del TSJ fijó su postura respecto a la controversia constitucional 9/2014, que impugna el artículo décimo quinto de la Ley de Egresos del Gobierno del estado de Morelos 2014 y su anexo tres.

Explicó que la promoción del recurso legal ante el Alto Tribunal, obedeció a que el Congreso se excedió en sus atribuciones e invadió la competencia del Poder Judicial, al disponer y etiquetar parte de su presupuesto.

“El Congreso del Estado dispuso sobre nuestro presupuesto que es el del Poder Judicial, lo cual no puede hacer porque eso invade la competencia del Poder Judicial, es decir, esa disposición que se hace de un presupuesto de un poder ajeno, no es viable; entonces por eso se interpuso la controversia”, dijo.

Señaló que es atribución de cada Poder del Estado, determinar cómo emplea su presupuesto, y en este caso fue el Congreso y no el TSJ el que asignó para este año una partida de 2.5 millones de pesos al rubro de despensas de trabajadores jubilados y en activo.

Y es que en el ejercicio fiscal 2013, el Congreso por primera vez etiquetó un millón de pesos para la homologación y despensas del personal del TSJ jubilado, más 1.5 millones para vales de despensa de los trabajadores en activo. Para el 2014 etiquetó otra vez 2.5 millones para las despensa del personal en retiro y en servicio.

Al ser entrevistada en Palacio de Gobierno durante una vista “de cortesía”, Lara Chávez indicó que la controversia fue promovida hasta ahora “porque no habíamos tenido claro el planteamiento y bueno, la cuestión es que en esta ocasión con toda la claridad y la complejidad que implica la invasión de esferas competenciales es que se planteó la controversia”.

A pregunta expresa sobre si estos recursos destinados a despensas de los trabajadores del TSJ, debieron ser destinados a otro rubro, la magistrada presidenta afirmó que “no debieron haberse respetado el presupuesto para que fuera el Poder Judicial el que dispusiera la manera en que se ejerce el propio presupuesto”.

Negó que la controversia constitucional que mantiene congelados los 2.5 millones de pesos destinados para despensas de trabajadores, sea producto de una revancha, pues “hay que ver el tema con la claridad y la objetividad que implica, así como se han interpuesto otras controversias con motivo de la esfera de la competencia de nuestro Poder Judicial, esto implica lo mismo; sí, porque otro poder no puede decidir sobre el presupuesto del Poder Judicial”.

En contraparte, la dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, Leticia Castro Balcázar, consideró que la controversia constitucional es un acto de revancha contra el sindicato, que tiene interpuestas dos demandas ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) contra el Consejo de la Judicatura por el adeudo de 110 mil pesos para despensas, correspondiente al año 2012, la negativa de basificación y readscripción de trabajadores. 

Lamentó que derivado de ello, Lara Chávez haya afectado a cientos de trabajadores y le pidió reflexionar y recular. “Nos pasa a afectar porque es un beneficio que logramos ante el Congreso del Estado, no contábamos con esa controversia, esperamos que reflexione la presidenta y se nos dé ese beneficio porque no sólo afectó a la base trabajadora, sino también a los jubilados”, afirmó.

Indicó que el sindicato está a la espera de que el TECA declare la legalidad del emplazamiento a huelga y, a principios de marzo, poder estallarla en caso de que no haya una conciliación entre la representación gremial y la parte patronal. 

En tanto, el Congreso -que emitió- y el Poder Ejecutivo -que publicó el decreto de la Ley de Egresos del Gobierno del Estado 2014-, deberán de responder lo conducente ante la SCJN respecto a la controversia en curso.