De hecho, el pasado viernes, la Mesa Directiva del Congreso local determinó suspender labores cerca del medio día, para evitar que las autoridades laborales notificaran del embargo y éste surtiera sus efectos.

Es que, a decir del presidente de la Mesa Directiva, Juan Ángel Flores Bustamante, se ponía en riesgo el pago de la nómina de los trabajadores del Poder Legislativo.

Sin embargo, dijo que existe toda la disposición de la actual legislatura de cumplir con esta sentencia laboral y, por tal, se iniciaron negociaciones con el ex trabajador a fin de buscar que el daño económico para el Congreso del Estado no sea tan alto.

Se trata de Ricardo González Popoca quien fue asignado a labores de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), por tener relación con diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y debido a la irresponsabilidad de las pasadas legislaturas, no se atendió con oportunidad su demanda y se permitió que el compromiso económico creciera.

No obstante, Flores Bustamante afirmó que no todo es responsabilidad de las autoridades del Congreso del Estado, pues desde la Junta Local y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) se manejan otro tipo de intereses que han afectado a ayuntamientos, y en este caso a un Poder del Estado.

"Tenemos que ver cómo vamos a caminar en esta situación que nos mantiene al Estado en un estado de indefensión, porque es posible que haya instituciones que se ocupen a chantajear a los organismos que sirven a la ciudadanía, como son los municipios y el Congreso del estado; nosotros somos responsables de cumplir la ley pero debe ser una ley justa", manifestó.

Por lo anterior, llamó al gobernador Graco Ramírez a que ponga atención en las áreas de la Secretaría del Trabajo, para evitar que más instituciones sean "rehenes de una dependencia", aseveró.

"Ahí tendrá que revisarse la actuación de la junta", dijo el diputado local ante las presiones que ha enfrentado el Congreso del estado para el pago de laudos ejecutorios.

Cabe recordar que además de este caso, el Poder Legislativo también fue obligado a pagar más de un millón 800 mil pesos a Armando Ramírez Saldívar, quien solamente laboró 21 días en la pasada legislatura. Sin embargo, el Congreso determinó ampararse por considerar que la sentencia es injusta.