La controversia constitucional quedó registra bajo el número 9/2014, en la que el Poder Judicial pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez del artículo Décimo Quinto y el anexo 3 del decreto 1222 publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, correspondiente a la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos.
En el artículo y anexo impugnados, los diputados asignaron al Poder Judicial (integrado por cuatro tribunales) un presupuesto de 565millones 198 mil pesos, cuya cantidad –dice el decreto- “se integra por los recursos necesarios para la implementación de las reformas al Sistema Judicial Penal que se han aprobado en el marco jurídico Federal y Local, que deberá utilizarse para todas y cada una de las obligaciones financieras y laborales, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura y la capacitación de recursos humanos, que tengan que cumplir el Poder Judicial y los Tribunales que lo integran”.
Sin embargo, en el desglose global del presupuesto (en la página 21 del Periódico Oficial), en los anexos 1 (página 22) y 3 (página 26) , se le asigna al Poder Judicial una cantidad distinta de 567millones 198 mil pesos, es decir, hay una diferencia de dos millones de pesos que ahora el Tribunal Superior de Justicia pelea para sí.
Pero además de estas inconsistencias que salieron a relucir con la controversia constitucional promovida por el TSJ a nombre del Poder Judicial, existen otras que han motivado el jaloneo presupuestal entre los tribunales Unitario de Justicia para Adolescentes, Contencioso Administrativo y Superior de Justicia, y la misma Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos.
Y es que según la Ley de Egresos estatal, los diputados asignaron 5 millones 833 mil pesos adicionales para apoyar al Tribunal Estatal Electoral (con 3 millones) y al Tribunal Contenciosos Administrativo (con 2 millones 833 mil pesos).
Pero en los anexo 1 se establece que esos 2 millones 833 mil pesos son para equipamiento e infraestructura del Poder Judicial por lo que el TSJ considera que ese presupuesto es suyo; sin embargo, en el anexo 16 se establece que esa cantidad es para que el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes pueda implementar el nuevo sistema de rehabilitación.
Dichos recursos han sido solicitados por los tres diferentes tribunales a la Secretaría de Hacienda, que hasta ahora no ha liberado los recursos ante la disyuntiva.
TSJ evade tema
El pasado viernes durante la reinstalación como consejero de la Judicatura de Antonio Tallabs Ortega, se le preguntó sobre la controversia constitucional promovida a la titular del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, quien sólo atinó decir “ese es otro tema, lo vemos otro día” mientras caminaba a prisa.
Hasta ahora, Lara Chávez no ha dado declaración pública sobre la promoción de la controversia 9/2014 relativa a la ley de egresos estatal del año en curso por la que optó por disputar una cantidad ínfima en lugar de luchar legalmente por lograr la autonomía financiera del Poder Judicial, en virtud de que sólo resta obligar a los Poder Legislativo y Ejecutivo para que emitan la declaratoria de la reforma constitucional aprobada por el Constituyente para que los tribunales puedan acceder al 4.7 por ciento del presupuesto estatal anual, que significarían recursos por más de 800 millones de pesos.
