Por cuanto al secuestro del padre del alcalde, ocurrido durante las campañas electorales del 2012 y en el que el edil señaló públicamente como posible responsable al diputado petista, el fiscal estatal señaló que la investigación está a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin dar detalles del número de carpetas y los delitos que se le imputan tanto al presidente municipal como al legislador, Dorantes Salgado agregó que en su momento se informará del resultado que tenga cada una de ellas, en relación a si procede o no el ejercicio de la acción penal.

En relación con la afirmación del diputado Alfonso Miranda Gallegos respecto a que no ha sido citado, ni informado de investigación alguna en su contra, el procurador afirmó que en el nuevo sistema oral de justicia penal, no establece la obligatoriedad del Ministerio Público para enterar o citar a los imputados.

“Realmente no tenemos la obligación de citar a ningún imputado, podemos judicializar la capeta y cuando llegue la orden, pues ya proceder, pero no es obligatorio”, recalcó.

Por cuanto a las carpetas de investigación por peculado y delitos contra la administración pública contra el ex edil de Cuernavaca y actual diputado Manuel Martínez Garrigós, expresó que se continúan con las diligencias.

Incluso, en el momento en que el fiscal se retiraba del Palacio de Gobierno, tras la rueda de prensa conjunta con el alcalde de Tlaquiltenango y el responsable de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, un grupo de ciudadanos e integrantes del Comité de Colonias le siguió por unos metros y exigió acciones legales contra el ex edil. A esta exigencia, Dorantes Salgado contestó: “En eso estamos”.