Como se había adelantado, el gobernador Graco Ramírez entregó ante la Mesa Directiva la iniciativa de reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de distintas leyes estatales, para la creación de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, la propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Dentro de las leyes que el Ejecutivo propone para su modificación, se encuentra la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y la Ley del Sistema de Seguridad Pública.

Con la reforma, adición y derogación de diversos artículos de dichas leyes, se propone que sea la Secretaría de Gobierno la que se encargue de regir los programas y políticas en materia de seguridad pública, y por tal razón, estará siempre a cargo de la Comisión de Seguridad Pública, órgano auxiliar en la materia.

Para lo anterior, en la Ley de Seguridad Pública se establecen, según la propuesta, las facultades y competencias del nuevo comisionado de Seguridad, designado por el gobernador y dependiente siempre de la Secretaría de gobierno.

Además de la Comisión de Seguridad Pública, la iniciativa contempla otros órganos auxiliares (ya existentes actualmente), como el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, el Colegio Estatal de Seguridad, el Centro Estatal de Análisis de Seguridad, entre otros.

Al respecto, el diputado panista Javier Bolaños Aguilar, afirmó que analizarán con responsabilidad dicha iniciativa, pues se trata de una reingeniería total en la materia. Sin embargo, insistió en que si el Ejecutivo ha determinado estos cambios, no serán un impedimento para su estrategia, pues dijo que es el gobernador el responsable de la seguridad pública en el estado.

De igual forma, el Poder Legislativo deberá revisar en los siguientes 30 días la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, complementaria a la que el año pasado el Ejecutivo entregó, la cual propone reformar la Constitución local.

En la misma se propone también una reingeniería total, con la desaparición de la Procuraduría General de Justicia, a fin de crear una fiscalía que tendría autonomía técnica para dirigir los destinos de sus recursos financieros y humanos.

No obstante, se advierte que esta Fiscalía continuará dependiente del Poder Ejecutivo.

"Estaremos analizando en la misma condición estas propuestas, considerando que deben tener un carácter preferente", agregó el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.