Luego de que un tribunal colegiado confirmó el amparo concedido por un juzgado federal a Tallabs Ortega y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la resolución de la controversia constitucional 88/2013 que con la remoción el Poder Ejecutivo violó los principios constitucionales de la división de poderes, la autonomía y la independencia judicial, el mandatario estatal reconoció que el litigante panista deberá regresar al cargo para concluir su periodo de seis años hasta el próximo 20 de mayo e insistió en que no incurrió en ninguna ilegalidad.

“No violé la Constitución, lo hice (su remoción) cuando cumplió los cinco años de acuerdo con su nombramiento, y la Corte explicó que el criterio es que debería durar seis años, creo que de aquí a marzo, abril, el señor podrá ser consejero, eso es todo. No hay ninguna violación a la Constitución, es una interpretación y un criterio de la Corte que yo respeto, y lo conoceré, no me quiero adelantar”, dijo en espera de que la SCJN y los tribunales federales notifiquen las respectivas resoluciones sobre el caso.

Por su parte, la representante del Poder Judicial, Nadia Luz Lara Chávez, a través de un comunicado emitido a nombre del Consejo de la Judicatura se defendió de las opiniones que la acusan de actuar sumisamente y subordinar el Poder Judicial al Poder Ejecutivo.

En el escueto comunicado de dos párrafos la representación del Poder Judicial respondió a las críticas.

“El Consejo de la Judicatura Estatal niega ser un organismo subordinado a otros poderes de gobierno. Oportunamente se atenderá la resolución que se haya emitido en el juicio de amparo promovido por Antonio Tallabs Ortega, una vez que sea notificado formalmente a este organismo.

“Se rechaza que se labore de forma subordinada, se cumplan opiniones, comentarios o instrucciones de otros poderes de gobierno. Como órgano independiente se trabaja de forma respetuosa, coordinada y en colaboración con otras instituciones. Se reitera su compromiso de mantener armónicamente el trabajo coordinado entre los poderes de gobierno por el bien de los justiciables y de los morelenses en general”, dice el documento.