De acuerdo con la resolución del amparo en revisión 112/2013, el Quinto Tribunal Colegiado, con sede en Cuernavaca, declaró improcedente solicitar a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) la atracción del caso, sin embargo determinó confirmar la sentencia  en el expediente 854/2013 del Juzgado Sexto de Distrito que ordenó al Poder Ejecutivo y al Consejo de la Judicatura dejar insubsistente el acuerdo del 14 de mayo de 2013, emitido por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, por el cual cesó a Tallabs Ortega como su representante ante el órgano judicial y en su lugar designó como consejera a la jueza Carmen Aquino Celis.

El tribunal federal consideró correcto el fallo protector otorgado por el juez federal a Tallabs Ortega, en virtud de que el titular del Poder Ejecutivo violó la garantía del quejoso consagrada en el artículo 16 constitucional por dos razones.

La primera, porque equívocamente el acuerdo de destitución y sustitución del litigante panista emitido del gobernador, fue fundado en disposiciones derogadas del artículo 103 de la Constitución local y que establecían que los consejeros de la Judicatura durarían en su encargo cinco años.

Y la segunda, porque inobservó lo ordenado en la reforma constitucional relativa al Poder Judicial del Estado de Morelos (que entró en vigor el 17 de julio de 2008 y que fue confirmada por la SCJN en la controversia constitucional 88/2008) que en su artículo quinto transitorio estableció que los consejeros de la Judicatura que ya estaban en funciones continuarían en el cargo hasta completar un periodo de seis años contados a partir de su primera designación.

Con base en estos argumentos, el Quinto Tribunal Colegiado confirmó la resolución judicial que ordena la restitución Antonio Tallabs Ortega como representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura de Morelos, así como el pago de los emolumentos y prestaciones no pagadas desde su cese ilegal, que suman casi un millón de pesos. 

Lo anterior, sin detrimento de los salarios y prestaciones pagadas a Carmen Aquino Celis, quien deberá de abandonar el cargo.

Por su parte, Antonio Tallabs Ortega sostuvo que ganó la batalla jurídica al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y consideró que el fallo legal podría traer consecuencias políticas por las violaciones a la Constitución local.

“Yo creo que el gobernador está mal asesorado, lo han metido en problemas de carácter legal que traerán consecuencias políticas por supuesto, porque incumplir con la Constitución deriva en responsabilidades de carácter político. Sin embargo, este es un episodio de una lucha jurídica técnica donde hemos vencido al gobernador, así lo digo con todas sus letras porque él tiene un equipo de 90 abogados. Le hemos demostrado que el acto del gobernador que dictó en mi contra, en donde me destituye del cargo de consejero de la Judicatura, era completamente ilegal y violatario de nuestra Constitución”, manifestó.

Afirmó que con esta resolución concluyó la batalla en los tribunales, “es probable que ellos (en referencia al titular y abogados del Poder Ejecutivo) inicien una serie de chicanas para tratar de evitar mi arribo al Consejo de la Judicatura”, no obstante, llamó al gobernador a “que cumpla con el fallo de la justicia federal, de lo contrario podrá ser sujeto de las penas que la misma ley contempla por desacato a la autoridad federal que puede incluso llevarle como consecuencia la destitución del cargo” .

Antonio Tallabs Ortega, abogado de militancia panista, fue cesado por el gobernador perredista Graco Ramírez en mayo de 2013, cuando aún le faltaba un año para culminar su periodo de seis años; ahora, deberá ser reinstalado en el cargo de consejero de la Judicatura y su periodo concluirá el próximo 20 de mayo.