Tras las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la reforma aprobada el pasado 4 de septiembre al primer párrafo del artículo 25 de la ley citada, la comisión dictaminadora declaró improcedentes dichos señalamientos y sometió a votación del pleno un nuevo dictamen en el que se plantea la posibilidad de someter a juicio político a funcionarios de alto mando, en caso de cometer delitos del fuero común y con esto quitarles el "beneficio de la inmunidad".
En las observaciones hechas, el Ejecutivo señaló que al aprobarse la reforma al artículo 25, el Legislativo se excedió de sus facultades al violar disposiciones constitucionales "en perjuicio de los citados funcionarios públicos”, ya que se les quita “el beneficio de inmunidad” a los servidores públicos al adicionarse “delitos del orden común”, ya que desde su interpretación únicamente podrán ser sancionados por “delitos federales”.
La Comisión Legislativa aclara que la propia Constitución local, el artículo 40 establece entre las facultades del Congreso “declarar que da lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales o del orden común” en contra de los diputados, gobernador, magistrados del TSJ y consejeros de la Judicatura. Por lo que concluyó que la reforma no excede de ninguna manera las disposiciones constitucionales, y por el contrario sí las armoniza.
Mientras en su segunda observación manifiesta que la derogación aprobada del párrafo final del artículo 25 de la Ley Estatal de Responsabilidades de Servidores Públicos, daría un tratamiento similar tanto a secretarios de Despacho como al consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, lo que resulta alejado de lo dispuesto en los artículos 136 y 137 de la Constitución estatal, que no atiende ni resuelve la equiparación o distinción entre uno y otro, lo que puede dejar dudas respecto de quiénes son sujetos del instrumento jurídico.
Sin embargo, dicha observación se rechazó al señalar que no existe relación toda vez que se busca un tratamiento igual a los funcionarios.
Finalmente, con la oposición de la izquierda, se evitó que dichas reformas procedieran ante el "daño" que podría causarse a los funcionarios, desde secretario de despacho hasta el propio gobernador.
El dictamen se votó con 17 a favor, cuatro en contra y una abstención, sin embargo, para su aprobación se requerían 20 votos como mínimo.