De acuerdo con algunos miembros del Poder Judicial, se planteó una espera prudente para que los legisladores asuman su responsabilidad para concluir con el ciclo legislativo sobre la reforma constitucional.

Lo anterior, en virtud de que no existe ninguna razón para que los diputados congelen la emisión de la declaratoria de validez, pues en caso contrario, estarían incurriendo en un acto de omisión.

Bajo este contexto, el Poder Judicial esperará la presentación y discusión del presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, y si los recursos destinados a los cuatro tribunales no son equivalentes al 4.7 por ciento del presupuesto programable –cuyo porcentaje fue previsto en la reforma constitucional- entonces se pondrá sobre la mesa la necesidad de interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o cualquier recurso jurídico que fácilmente sería ganado por el Poder Judicial.

Sin embargo, los integrantes del Poder Judicial esperan a que en las próximas semanas los diputados tomen la determinación de emitir la declaratoria y que no haya necesidad de judicializar el tema.