La presidenta de la comisión, Lucero Ivonne Benítez Villaseñor dio a conocer que el gobernador del estado, el procurador General de Justicia, el secretario de Seguridad Pública, el titular del TSJ y los 33 gobiernos municipales, tienen diez días naturales para responder a las recomendaciones hechas.

En la recomendación emitida, se afirma que hay una total omisión por parte de las autoridades antes señaladas: “Acerca de la impunidad en el estado, en atención al órgano de Procuración y Administración de Justicia en su intervención de prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, la cual ha sido nula”.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos afirma que la realidad ha rebasado las capacidades de las dependencias para actuar y que en muchos casos, las autoridades han intentado evadir y ocultar los hechos que el organismo ha documentado desde el año 2010.

Por lo anterior, según la ombudsman morelense, se confirma la violación de los derechos humanos a la integridad personal, derecho a la vida y, por extensión, a la integridad psicológica con daño moral de los coagraviados y víctimas colaterales.

En este sentido, la CDHEM solicitó al Gobierno del estado, a través de una consulta ciudadana, generar espacios que permitan establecer las políticas públicas, integrales y acciones inmediatas que culminen con la intolerancia por parte del estado frente a los acontecimientos, como los que se documentan en la investigación ministerial que se enuncia en la recomendación.

Asimismo, que se instruya al procurador general de Justicia, para que concrete las investigaciones en activo a cargo del Ministerio Público del fuero común y se ejecute acción penal en los casos que así proceda y con esto evitar impunidad.

También se deberá informar sobre la ubicación y estado de las 90 cámaras de video vigilancia que se instalaron en el estado, tal y como se refiere en el informe con número de oficio DGDH/278/2010, del dos de junio de 2010.

La institución dice que también se deben “emitir acuerdos institucionales para atender a las familias de las víctimas del delito y/o abuso de poder en función de la tolerancia de los acontecimientos… dándoles el trato digno de seres humanos a los coagraviados y generando con ello, la reparación del daño moral, y crear un margen de confianza en las instituciones de seguridad pública y de procuración y administración de justicia”.

A la Procuraduría General de Justicia se le pide investigue a fondo los homicidios y hechos violentos ocurridos en el estado, pues se afirmó que ha habido total impunidad y omisión de las responsabilidades.

Sobre las investigaciones de los hechos delictivos, la recomendación también se envió al titular del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que instale las medidas cautelares para la búsqueda de la verdad en los hechos ocurridos desde el 2010 a la fecha, y sean otorgadas a la brevedad las vinculaciones a proceso siempre que estén satisfechos y reunidos los requisitos de ley, esto con la finalidad de la impartición y administración de justicia.

A los 33 ayuntamientos se les recomienda que se genere una mayor coordinación con autoridades estatales y federales para garantizar la prevención de la seguridad de los ciudadanos, así como una mayor colaboración en las investigaciones.