En sesión ordinaria de este miércoles, el coordinador de la bancada panista, Javier Bolaños Aguilar, presentó la iniciativa de decreto que reforma los artículos 40, fracción XLI y 136 de la Constitución Política del Estado de Morelos, con el fin de quitar lo que llamó un “privilegio” que se ha otorgado a servidores públicos electos por el pueblo.

“Esto es para que como ciudadanos que somos tengamos los mismos derechos pero también las mismas obligaciones ante la sociedad y las diferentes autoridades. No puede ser que hayamos vivido hechos tan bochornosos que se vivieron en la legislatura federal donde un diputado tomó protesta prácticamente a escondidas a efecto de poderse cubrir con el manto del fuero”, declaró Bolaños Aguilar.

La propuesta pretende retirar inmunidad al gobernador del estado, a los diputados locales, procurador general de Justicia, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a los consejeros de la Judicatura, alcaldes, regidores, síndicos municipales, consejeros electorales y del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

La reforma a la constitución local determina que el Congreso local tiene la facultad de “declarar que ha lugar o no a la formación de causa por delitos oficiales o del orden común”, en contra de los diputados, gobernador y magistrados del TSJ.

Así mismo, para proceder penalmente en contra de secretarios de despacho, auditor Superior de Fiscalización, procurador general de Justicia, magistrados, consejeros electorales, presidentes, síndicos municipales y regidores.

Informó que la iniciativa se presentará al Congreso de la Unión, para que se reforme la Constitución Federal, de forma tal que todos los servidores públicos pierdan esta protección que, dijo, ha sido utilizada para corromper su función.

Mientras tanto, refirió que en el Congreso local ha buscado el apoyo del coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Juan Ángel Flores Bustamante, quien, aseguró, ha dado su respaldo. Sin embargo, esta iniciativa si se aprobara por el pleno legislativo, tendría que enviarse a los 33 ayuntamientos para que se manifiesten a favor o en contra.