Rodríguez Zagal se negó a dar el nombre del transportista que pertenece a su agrupación y de la persona, que según dijo, resultó ser un “vival”, ya que ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), se sigue una averiguación previa por el delito de falsificación de documentos.

Sin embargo, aseguró que de este hecho ya tiene conocimiento David Gómez Basilio, titular de la Dirección General de Transportes en la que se llevó a cabo el proceso de cesión de derechos de un taxi, pero no se percataron de que el testimonio notarial era falso.

“Nos tomaron el pelo a nosotros y a la autoridad, pues aunque la concesión existe y las placas también, resulta que quien nos vendió “Juan Pérez” no era el dueño, sino su papá y él no tenía conocimiento de la supuesta cesión de derechos”, afirmó el presidente de la Confederación de Transportistas y Actividades Similares.

Según Enrique Rodríguez Zagal, su agremiado no es la única persona a la que estafado, pues después de haber detectado su caso, la Dirección de Transportes se percató de otros hechos, que de igual forma siguen un proceso legal ante la Procuraduría de Justicia.

“Son vivales que engañan a la gente con documentos supuestamente oficiales que no existen. Se debe prevenir a la gente para que no se deje engañar por estas personas, al decirles que les venden concesiones y al final descubren que los engañan”, declaró.

Una concesión de taxi tiene un costo que va desde 100 mil hasta 500 mil pesos, según dijo el mismo líder transportista, por lo que es mucho dinero lo que podrían perder las personas si son engañadas por los estafadores.