Los elementos del Ejército solicitaron al funcionario identificarse, pero éste presentó una credencial vencida de la PGJ, por lo tanto los militares procedieron a retenerlo por espacio de una hora junto con sus escoltas, y a asegurar momentáneamente el vehículo oficial y las armas que portaban.

Esto obligó a que una comisión de Policías Ministeriales se trasladara a las oficinas centrales de la Procuraduría estatal para solicitar la renovación inmediata de la credencial del subprocurador metropolitano.

Una vez acreditado su nombramiento, los militares dejaron seguir su camino al funcionario y personal de protección, así como la liberación del vehículo oficial y las armas de cargo.

Tras el incidente, la PGJ emitió un comunicado en el que estableció que “ha instruido a su personal que obedezca las indicaciones de las fuerzas militares y de las policías federales, se identifique, y muestren sus licencias que respaldan las propias autoridades de la Sedena”.

Sin embargo, no se explicó la razón de porqué un alto funcionario de la fiscalía portaba una identificación vencida, y si existe personal cuyas credenciales no estén vigentes.