Cipriano Sotelo Salgado, integrante del Foro y presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, explicó que Rosas Pérez habría incurrido en conductas ilegales e irregulares que han afectado seriamente la administración de justicia.

Detalló que los delitos de que se le acusa al magistrado obedecen a que en seis ocasiones amplió la demanda de controversia –en la cual se dirime la constitucionalidad o no de la designación de seis magistrados- y provocó daños a la impartición de justicia ante la falta de magistrados; también –dicen los abogados- mintió ante la Corte y las autoridades; impidió la renovación de los integrantes del Consejo de la Judicatura al sostener como miembros a Jesús Valencia Valencia, Joaquín Magdaleno González y Virginia Popoca, cuando sus periodos fenecieron; además se le acusa de usar recursos del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia para beneficio personal y de grupo.

Junto con los presidentes de la Barra de Abogados y el Colegio de Abogados de Morelos, Carlos de la Rosa Segura y Enrique Paredes Sotelo, el representante de los penalistas calculó que integrar la carpeta de investigación llevará a la PGJ unos tres meses.

No obstante, debido a que el presidente del TSJ tiene fuero, el Ministerio Público deberá determinar si hay elementos en contra de Rosas Pérez, y en caso su caso pedir al Congreso el desafuero.