La funcionaria estatal dijo que la auditoría iniciada desde hace varios meses, concluirá en unos días y se procederá al proceso de solventación de las observaciones hechas y si las autoridades no logran justificarlas, se castigará a quien resulte responsable.

La secretaria de despacho informó que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido denuncias por expedición irregular de concesiones, como se ha denunciado, o de otras irregularidades. Sin embargo, invitó a la ciudadanía y a los transportistas a denunciar directamente ante la Contraloría, de contar con pruebas que confirmen anomalías.

“Es obligación de la ciudadanía porque en esto todos somos responsables, si ellos tienen información y pueden aportar pruebas, yo les pediría que se dirigieran directamente a mí o a la Dirección de Responsabilidades de quejas y denuncias para que se hiciera el procedimiento adecuado. Si el ciudadano tiene los elementos y no hace lo que tiene que hacer, también es corresponsable”.

Alegría Loyola refirió que la aplicación de la auditoría es un proceso largo que incluso podría alargarse hasta el próximo gobierno, a pesar que las autoridades involucradas dejarán sus cargos el último día de septiembre.

“En la siguiente y otras semanas más para estar determinando qué procede, obviamente si hubiera alguna sanción, si se llevara a cabo algún procedimiento, se inicia el procedimiento y pudiéramos culminar o no, porque esto no se termina porque no es de una administración, esto es del Ejecutivo”, señaló.

Cabe recordar que en revisiones anteriores, aplicadas por la dependencia estatal, sólo funcionarios menores fueron amonestados y un supervisor destituido por irregularidades. Sin embargo, estas anomalías no involucraron a altos mandos, como el director de Transportes.