También los abogados Guillermo Arroyo Cruz y Jaime Castera Toscano de manera individual promovieron también sendas demandas de garantías.

La presidenta de la Asociación de Jueces del Estado de Morelos y quien funge como representante legal común de los jueces inconformes, Elda León Flores, detalló el juez de distrito negó la suspensión provisional, pero “vamos ofrecer pruebas para la suspensión definitiva”.

Detalló que los elementos de la impugnación son la ilegalidad del nombramiento como magistrado del consejero jurídico del Gobierno del Estado, Manuel Díaz Carbajal, y la falta de fundamentación de los diputados en la designación de Juan Emilio Elizalde Figueroa y Bertha Rendón Montealegre.

“Consideramos que la designación del consejero jurídico del Gobierno del Estado tiene un impedimento legal para ser magistrado, para que fuera designado, así como la falta de motivación por parte del Congreso del Estado al no establecer cuáles fueron los motivos para efecto de designar como magistrados a estas tres personas, y porqué alguno de nosotros que tenemos carrera judicial de más de 20 años no pudimos llegar a ser nombrados magistrados”, explicó.

León Flores sostuvo que una vez que el Congreso responda al juicio de garantías, los jueces inconformes tendrán la posibilidad de ampliar la demanda y combatir las designaciones.

“Jurídicamente consideramos y tenemos la plena certeza de que tenemos las posibilidades jurídicas para poder obtener un sentencia favorable por parte de los juzgados federales”, afirmó al sostener que lucharán hasta el fin y agotarán todos los recursos legales contra los nombramientos que el Congreso realizó de tres magistrados del TSJ.

El pasado 18 de junio de manera prácticamente clandestina el Congreso emitió la convocatoria para la designación de tres nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Sólo 27 personas pudieron inscribirse al proceso, sin embargo, desde antes de iniciar el proceso de evaluación de aspirantes, ya trascendían los nombres de las personas que finalmente fueron designadas magistrados.

La forma en que se emitió la convocatoria, la exclusión de jueces con larga carrera judicial y los intereses políticos que prevalecieron en la designación, causó indignación y enojo entre los abogados e integrantes del Poder Judicial.