El pasado viernes, el Congreso del estado despidió bajo presiones a más de 200 trabajadores de confianza, con el fin de ahorrarse un mes de salario, ya que la LI Legislatura concluye el próximo 31 de agosto.

“Nos obligaron a renunciar, ya que se nos condicionó, si renunciábamos con fecha de 30 de junio se nos liquidaría al 100 por ciento, de no aceptar sólo se nos pagaría la mitad”, denunció Silvia Rodríguez, asesora de la Comisión de Equidad y Género.

Silvia Rodríguez dio a conocer que el pasado 13 de julio interpuso una demanda laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ante las anomalías cometidas por el área de Recursos Humanos del Congreso local ordenadas por la presidencia de la Mesa Directiva, a cargo del diputado Jorge Arizmendi García.

Se ha dado a conocer que un gran número de empleados de confianza también demandarán al Poder Legislativo, ya que a ninguno se les pagó los 13 días trabajados del mes de julio y se les dio de baja antes de agosto.

Al respecto, Adriana Mujica Murias, diputada suplente del Partido del Trabajo, actualmente asesora de la Comisión de Equidad y Género, informó que la determinación de los coordinadores parlamentarios de despedir antes de que concluya la presente legislatura, se tomó con la intención de que todos los diputados recibieran un bono.

Refirió también que en contraste con los abusos cometidos en contra de los trabajadores de confianza, diputados como Jorge Arizmendi García, Omar Guerra Melgar, Fidel Demédicis Hidalgo, entre otros, autorizaron la apertura de más de 10 plazas en el Sindicato del Congreso local, para asegurar espacios a personas allegadas.

Advirtió que los actuales legisladores podrían heredar a la siguiente legislatura deudas importantes, así como laudos por las determinaciones tomadas a menos de dos meses de que concluya la presente administración.