Aurelio Carmona Sandoval, presidente de la agrupación “Rutas Unidas”, afirmó que el gobierno del estado, a través de la Contraloría del estado, debe realizar una revisión al actuar del director de Transportes, a fin de deslindar cualquier tipo de responsabilidad.

No obstante, señaló que para esto los transportistas que acusaron a Francisco Alva Meraz deberán presentar pruebas que acrediten que el funcionario estatal los ha extorsionado o intentó hacerlo, de lo contrario –señaló- sólo se tratará de personas que buscan una concesión y se les ha negado.

“La Contraloría está bien que haga su trabajo, pero los transportistas que hacen la denuncia también estaría bien que la hagan ante otra autoridad”, declaró Aurelio Carmona Sandoval.

Según el líder transportista, ante la agrupación que representa nunca ha recibido denuncia de los concesionarios por intento de extorsión o que se les haya intentado cobrar montos altos por una concesión, pues dijo desconocer si actualmente se lleve a cabo un proceso de expedición de concesiones de rutas.

Añadió que si la Secretaría de Gobierno ya recibió la denuncia, se deberá deslindar cualquier tipo de responsabilidad, sin embargo como concesionario no ha tenido conocimiento de algún acto irregular.

Carmona Sandoval reconoció que el costo de concesiones de rutas son altos y se ofertan pero entre los mismos transportistas.

Cabe recordar, que el pasado lunes, transportistas de Yautepec acusaron al director de Transportes de haberlos intentado extorsionar a cambio de entregarles concesiones de rutas.

Las acusaciones de los transportistas se sumaron a las que hace tres semanas hicieron ex supervisores de la Dirección, y afirmaron haber sido testigos de que Alva Meraz cobra hasta 150 mil pesos por concesión, además de una cuota mensual para otorgar permisos provisionales para unidades que no tienen una concesión.