En la sesión de Pleno realizada el pasado jueves, en el punto de asuntos generales, el debate lo abrió la magistrada Virginia Popoca González quien, sin eludir abiertamente a su compañero Hipólito, dijo lamentar el uso de los medios de comunicación “para ofender” a otros integrantes del TSJ.

Expresó que “me preocupa lo que estamos proyectando a la sociedad, que tenemos problemas personales y que los tratamos de dirimir de esta forma”, y por ello es necesario “hacer una reflexión y preservar la imagen de la institución”.

Por alusión, el magistrado Andrés Hipólito hizo uso de la palabra y respondió: “Le pregunto a la magistrada, cuando fue consejera (de la Judicatura) ¿no se me denostó, no se me dijo que era deshonesto, que no tenía capacidad (para continuar como magistrado)”.

El magistrado defendió su postura, su derecho a la libertad de expresión y dijo que hoy las instituciones están obligadas a ser transparente, pues sus críticas no obedecen a “problemas personales” con integrantes del Pleno, específicamente con el magistrado Valentín González García, cuya ratificación está por someterse al Congreso local.

“La sociedad debe conocer quiénes somos, cómo somos, que antecedentes nos llevaron a tener la investidura y, poner una cortina de humo considero que no deber ser, porque hoy debe haber transparencia”, dijo al señalar que “no voy a cesar cada vez que me pongan un micrófono para ejercer mi derecho a la libertad de expresión”.

En medio de la tensión la magistrada Popoca le contestó a su compañero que todo parece “un problema personal” y de resentimiento con la institución.

En medio de dos fuegos, el magistrado presidente del TSJ, Miguel Falcón Vega, trató de mantenerse neutral y los llamó a reflexionar, pues “entiendo que es una situación compleja, pero busquemos que haya armonía”.

En tanto, la manzana de la discordia, el magistrado González García, se mantenía callado y observaba la discusión.

El tema que dividió esta vez a los magistrados tiene su origen en la impugnación que Hipólito Prieto hizo a Valentín González, por considerar que éste no ha cumplido con profesionalismo su encargo de magistrado y no reúne el perfil para ser ratificado por el Congreso por un segundo periodo de ocho años.

Incluso, el magistrado Hipólito Prieto en su momento presentó ante el Consejo de la Judicatura y luego ante el Congreso algunos documentos y videos que probarían la falta de capacidad de su homólogo. Dichas pruebas fueron desestimadas tanto por el Consejo como por la Junta Política y de Gobierno del Congreso.

Al debate se unió el magistrado Rubén Jasso Díaz quien insistió que el conflicto es personal y pidió tener cautela por los mensajes que se envían a la sociedad. “Creo que es una cuestión personal pero creo que se debe aclarar y arreglarlo entre ustedes, porque estamos mostrando a la sociedad un Poder Judicial dividido”.

Hipólito Prieto nuevamente reiteró que el asunto no es personal y que sólo en su calidad de magistrado ha vertido una serie de argumentos para evidenciar las irregularidades en el procedimiento de evaluación en el caso del Valentín González, ya que de origen el Consejo de la Judicatura se negó a sopesar sus argumentos y avaló por mayoría el dictamen enviado al Congreso por el cual se aprueba el desempeño de su homólogo; y posteriormente, la Junta Política del Congreso indebidamente hace lo mismo. “Se trata de violaciones esenciales en el procedimiento de evaluación”, dijo.

Sostuvo que el hecho tener el mismo rango y representación no implica “solapar conductas impropias, falta de respeto, de capacidad, de diligencia; sólo porque somos compañeros no significa que me tenga callar”.

Sin embargo, fue el magistrado Carlos Iván Arenas quien puso el dedo en la llaga y advirtió que ninguno de los magistrados puede negar haber atacado a sus compañeros en ocasiones anteriores.

Expresó que en el Pleno se ha demostrado división al formarse varios grupos y entre ellos “hacerse la vida de cuadritos” y lamentó que el Poder Judicial esté en una dinámica política, sobre todo en este tiempo de evaluaciones, en que la designación o ratificación de los magistrados está sujeta a intereses políticos.

A pesar de que sostuvo estar decepcionado por la falta de trabajo en equipo, hizo un llamado a reflexionar sobre los errores cometidos y sentarse a dialogar.

Las magistradas Guillermina Jiménez Serafín y María Idalia Franco en sus intervenciones pidieron respeto al TSJ y mantener la institucionalidad, al manifestar su desacuerdo con la postura de Hipólito Prieto.

En tanto, la magistrada Leticia Taboada expresó que nunca se ha respetado el llamado a la unidad y “si queremos un tribunal unido, nunca hemos hecho nada para hacerlo; por ello estamos llamados a hacer un reflexión” para revisar nuestros valores éticos”.

Ese día en el debate participaron casi todos los magistrados, pero la sesión de Pleno concluyó en medio de una tensa calma y cada uno se retiró del salón de sesiones.