En entrevista al término de su gira de trabajo por el municipio de Emiliano Zapata, el mandatario morelense comentó que gracias al trabajo coordinado con el Gobierno Federal, Morelos se encuentra dentro de los tres estados que han cumplido con la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, así como avances en la operación de la Unidad de Combate al Secuestro, así como en la aplicación de las evaluaciones de Control y Confianza.
“Morelos quedó bien colocado como una entidad que ha tomado en serio y que está haciendo bien la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal; somos uno de los tres estados líderes en el tema junto con Chihuahua y Estado de México”, expresó Marco Adame.
Ratificó que existe un acuerdo entre el Gobierno Federal y las entidades del país para dar continuidad a las acciones encaminadas a erradicar los delitos más comunes, así como para contar con instituciones de seguridad y justicia completamente confiables.
Adame Castillo comentó que durante la XXXII sesión ordinaria del CNSP, también se ratificaron los compromisos de velar para que las elecciones de julio próximo se den en el marco de la legalidad, con certeza y seguridad tanto para los candidatos como para la ciudadanía que saldrá a votar.
En tal sentido, ratificó: “Estamos preparados y trabajando fuerte” en coordinación con los órganos electorales federales y estatales para que el proceso electoral transcurra en un ambiente de tranquilidad y legalidad”.
Cuestionado sobre el convenio para que los estados tengan acceso a créditos para mejorar la infraestructura en materia de seguridad pública y procuración de justicia, Marco Adame comentó que ayer mismo se iniciaron sesiones de trabajo con el Gabinete de Seguridad, para definir los proyectos y aprovechar de la mejor manera dichos apoyo económico.
Por último, a pregunta expresa sobre versiones difundidas sobre un supuesto reforzamiento en su seguridad personal, el gobernador Marco Adame las calificó de falsas, reiterando que el compromiso es continuar trabajando en coordinación con las autoridades federales y municipales, para la seguridad que demandan las comunidades y sus familias.
