De acuerdo a la fuentes consultadas, las partes interesadas optaron por no solicitar al Alto Tribunal una revisión de la sentencia de los que los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado, que en diciembre de 2009 resolvieron que la reforma constitucional de julio de 2008, que derogó la “inamovilidad vitalicia” y redefinió la inamovilidad sólo para el periodo para el que son electos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, afectó sus derechos adquiridos y violentó el artículo 14 de la Constitución federal, que norma el principio de irretroactividad.

El consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Manuel Díaz Carvajal dijo que no procedía técnica y jurídicamente promover una impugnación, pues en este caso la sentencia de los tribunales federales es definitiva.

Afirmó que “el gobernador Marco Adame es respetuoso de la ley y de las sentencias que emiten los tribunales federales y nos ha pedido que actuemos en pleno respeto a la leyes”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, y otros magistrados también obtengan la inamovilidad por la vía del amparo, el consejero jurídico expresó que “existe la posibilidad, estamos atentos a lo que pasará, y si los tribunales federales determinaran que él debe continuar así será; a nosotros lo único que nos interesa es que se cumpla lo que dice nuestra Constitución y nuestras leyes”.