La bancada del PAN en el Legislativo estatal rechazó la reforma en materia electoral; Morelos dio su respaldo a la iniciativa constitucional para fijar un tope máximo para las pensiones y jubilaciones en las entidades públicas.

La aprobación de las reformas federales del denominado Plan B y el tope a las pensiones y jubilaciones en las entidades públicas fueron abordados en la sesión ordinaria de ayer en el Congreso de Morelos.

Luego de una solicitud de la diputada Melissa Montes de Oca Montoya para modificar el orden del día e incorporar el análisis y la aprobación de las reformas a los artículos 115, 116 y una adición al 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) dejó en claro que no acompañaría esta iniciativa presidencial.

Ya desde tribuna, el coordinador de los diputados del PAN, Daniel Martínez Terrazas, acusó que esta reforma siempre ha planteado engañar al pueblo de México, asegurando que reducir el número de regidores en los municipios y en los congresos generará ahorros.

Calificó de autoritaria la medida de reducir el presupuesto a los Congresos locales, pues aseguró que “no respeta la división de poderes y no mejora el sistema, sino que lo debilita”.

Advirtió que con esta medida se debilita la autonomía, se centraliza el poder y se permitirá que muchos de los Congresos locales vayan a pedir recursos al Poder Ejecutivo, lo que vulnerará su autonomía.

“Este oficialismo quiere un control absoluto y un centralismo de los recursos y que se manipule un equilibrio democrático que le ha costado muchas vidas a este país”, insistió.

Finalmente, recordó que en el debate del Plan B no se tomó en cuenta la propuesta del partido blanquiazul, que buscaba que todo instituto político al que se compruebe que recibió recursos del crimen organizado o esté vinculado con la delincuencia pierda su registro como partido.

A favor del dictamen habló la diputada Luz Dary Quevedo Maldonado, quien justificó el voto a favor de Movimiento Ciudadano por un tema de congruencia, pues señaló que su partido se ha manifestado a favor de reducir privilegios y favorecer a la ciudadanía, “venga de donde venga”. No obstante, dejó en claro que no se trata de un cheque en blanco para ningún gobierno ni partido político.

También la legisladora de Nueva Alianza, Ruth Rodríguez López, subió a tribuna para externar su posición a favor de la reforma presidencial que se somete al aval de los Congresos locales.

En su intervención en tribuna, hizo un resumen de los puntos a favor de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre ellos, mencionó que el Plan B disminuirá cargas burocráticas y optimizará procesos institucionales para ahorrar recursos.

Asimismo, contempla diversas medidas que buscan generar ahorros, entre ellas el establecimiento de un límite al número de regidores en los ayuntamientos; la reducción del presupuesto en los Congresos locales y el establecimiento de topes a los salarios de funcionarios de organismos y tribunales electorales.

Tras la ronda de posicionamientos, el dictamen se sometió a votación, en la que 11 legisladores dieron su aval y los cuatro de Acción Nacional mantuvieron su rechazo.

En la votación para reformar y adicionar el artículo 127 constitucional, referente a establecer límites a las pensiones y jubilaciones de las entidades públicas, el aval de los legisladores fue unánime al sumar 15 votos a favor.

Esta reforma fija un tope máximo para las pensiones equivalente al 50 por ciento de las remuneraciones mensuales netas del titular del Poder Ejecutivo, cuyo límite se estima en aproximadamente 70 mil pesos mensuales.

Proponen elevar a 12 años de cárcel las penas por despojo en Morelos

El coordinador de los diputados de Morena, Rafael Reyes Reyes, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado, con el objetivo de endurecer las sanciones por el delito de despojo, particularmente cuando sea cometido por servidores públicos.

El legislador explicó que la propuesta plantea aumentar la pena actual de seis a diez años de prisión a un rango de nueve a doce años, con la finalidad de establecer castigos más severos y desincentivar este tipo de conductas.

Señaló que la iniciativa surge ante la persistencia de este delito en municipios como Emiliano Zapata y Temoac, donde, aseguró, se han detectado casos en los que estarían involucrados funcionarios públicos.

“Es fundamental generar condiciones para que haya un castigo ejemplar para quienes cometen este delito, y más aún cuando se trata de servidores públicos que abusan de su cargo”, afirmó.

Reyes Reyes subrayó que uno de los principales objetivos de la reforma es proteger el patrimonio de la ciudadanía y brindar certeza jurídica a los legítimos propietarios, frente a prácticas que vulneran sus derechos.

En paralelo a la presentación de esta iniciativa, el diputado informó que mantiene seguimiento a diversas denuncias por presunto despojo que interpuso contra exfuncionarios públicos, hechos que —dijo— ocurrieron durante su gestión como alcalde de Jiutepec.

Indicó que existe comunicación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) para conocer el avance de las investigaciones.

“Hemos estado en contacto con el fiscal anticorrupción para conocer el avance en la integración de las carpetas derivadas de las denuncias que presentamos. Esperamos que en los próximos días puedan ser judicializadas y que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes”, indicó.

Plantean implementar licencias laborales remuneradas para mujeres víctimas de violencia

Con el objetivo de evitar que las mujeres en situación de violencia tengan que elegir entre su seguridad y su empleo, el diputado Daniel Martínez Terrazas presentó una iniciativa ante el Congreso local para establecer licencias laborales con goce de sueldo.

La propuesta plantea reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado, incorporando este mecanismo como una herramienta de protección que permita a las víctimas atender su situación sin afectar su ingreso económico ni su estabilidad laboral.

El legislador explicó que la medida facilitaría que las mujeres acudan a instancias legales, reciban atención especializada o realicen trámites relacionados con su condición, sin ser sancionadas en sus centros de trabajo ni sufrir descuentos salariales.

Asimismo, subrayó que esta iniciativa busca fortalecer el respaldo institucional y garantizar un acceso efectivo a los mecanismos de protección y justicia, al considerar que no puede hablarse de desarrollo ni de justicia plena cuando una mujer enfrenta la disyuntiva de proteger su vida o conservar su fuente de ingresos.

Martínez Terrazas destacó que el reconocimiento de licencias laborales remuneradas responde a una necesidad urgente y forma parte del compromiso por avanzar en la igualdad sustantiva, además de constituir una medida para proteger los derechos humanos de las mujeres.

El planteamiento contempla su aplicación en los sectores público y privado, con el fin de evitar la revictimización, salvaguardar la confidencialidad de las víctimas y asegurar que puedan acceder a servicios de protección sin consecuencias laborales negativas.

Analizará Congreso dos iniciativas para brindar más protección a las mujeres

La diputada Melissa Montes de Oca Montoya presentó dos iniciativas de ley en la sesión de ayer del Congreso local. La primera buscaría adicionar un párrafo al artículo 158 del Código Penal del estado para agravar la pena del delito de acoso sexual cuando se cometa dentro de espacios privados con acceso público, como gimnasios, centros de acondicionamiento físico, estéticas, centros de rehabilitación, entre otros.

La segunda propuesta busca establecer la primera Ley del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos del estado de Morelos. Esta iniciativa propone que los deudores alimentarios no puedan acceder a cargos públicos, ser candidatos, obtener licencias o pasaportes, disponer libremente de bienes, contraer matrimonio sin acreditar que no tienen deudas con otros hijos, ni acceder a beneficios fiscales.

Busca diputada que se implementen programas de transporte público seguro

Por su parte, la diputada Luz Dary Quevedo presentó una iniciativa para que la Coordinación de Movilidad del estado implemente, en coordinación con instituciones educativas, programas de transporte público seguro, con prioridad en aquellas zonas de mayor riesgo.

La anterior forma parte de un bloque de seis iniciativas que buscan brindar más seguridad a las mujeres y jóvenes.