El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, aseguró que “está incompleta”, pues falta incluir la reforma electoral, la revocación de mandato, el fuero constitucional y otros temas de los que aún no tienen las iniciativas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, presentó la Agenda Legislativa 2026 de Morena, que habrán de desahogar a partir del 1 de febrero, cuando inicia el segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena invitó a descargar la Agenda y leerla, para hacerle llegar comentarios.

“Es una agenda que está incompleta, porque ahí faltan la reforma electoral, la revocación de mandato, el fuero constitucional y otros, que aún no tenemos iniciativas. Pero de las que tenemos, con estas vamos a iniciar. (…) Esta Agenda expresa las líneas de acción que guiarán la actividad legislativa en un momento clave para la consolidación del proyecto de transformación democrática que vive el país”, afirmó.

En la Agenda se señala que los asuntos contenidos tienen un carácter enunciativo y no limitativo. “La diversidad de visiones, experiencias y propuestas que convergen en el Grupo Parlamentario permitirá ampliar y enriquecer las actividades legislativas conforme avancen los trabajos del periodo, atendiendo tanto a las dinámicas parlamentarias como a las demandas sociales que se presenten”.

Entre los asuntos prioritarios, según el texto, se encuentra la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, iniciativa presentada por la presidenta de la República y aprobada por el Senado de la República, cuyo objetivo central es modernizar y armonizar el juicio contencioso administrativo federal con el nuevo marco constitucional en materia de justicia.

“Esta reforma, de carácter predominantemente procedimental, busca garantizar una tutela judicial efectiva mediante la fijación de plazos claros, la ampliación y fortalecimiento del juicio en vía sumaria, la regulación precisa de figuras como la suspensión del acto impugnado y la excitativa de justicia, así como la incorporación de mecanismos de responsabilidad para prevenir dilaciones indebidas.

En cuanto a la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional —cuya Cámara de origen es el Senado—, tiene su motivación en el reconocimiento de que dicho ordenamiento ha quedado rezagado frente a las transformaciones económicas recientes, particularmente ante el fenómeno del “nearshoring”, cuya irrupción en el país generó oportunidades inéditas, pero también profundas asimetrías regionales.

“La reforma busca que la relocalización productiva deje de ser un efecto coyuntural y se consolide como una auténtica política de Estado, orientada a un desarrollo económico equitativo y sustentable, con visión de largo plazo. En ese sentido, se incorporará el mandato de promover políticas públicas alineadas con la política nacional de fomento económico, acorde con la estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable”, señala el texto.

Por su parte, la minuta remitida por el Senado para reformar el Código Penal Federal, en materia de abuso sexual, plantea una redefinición integral del tipo penal, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, al colocar el consentimiento como eje central de la conducta delictiva y establecer de manera expresa que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no pueden interpretarse como manifestaciones de voluntad.

Esta reforma amplía y fortalece la protección jurídica de las víctimas al reconocer la diversidad de conductas que constituyen abuso sexual, actualiza el régimen de sanciones y agravantes, incorpora medidas para la reparación integral del daño y la reeducación de los agresores. Lo más importante es que ahora el delito sería perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima.

Dentro de los asuntos prioritarios que serán atendidos en el próximo periodo ordinario se encuentra también la minuta devuelta por el Senado de la República relativa a la reforma de diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

En este caso, la Cámara de Diputados deberá revisar los ajustes introducidos por el Senado, particularmente aquellos vinculados con el régimen de sanciones y con la incorporación de nuevas excluyentes de delito.

Como parte del proceso de transformación del Poder Judicial, destaca la iniciativa remitida por la Presidencia de la República para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, conocida como la Ley “jueces sin rostro”, que, aunque aún se encuentra en proceso de análisis en el Senado, se prevé que será aprobada y enviada a la Cámara de Diputados, por lo que se le ha considerado como parte de la Agenda de Morena.

La propuesta busca profundizar los cambios derivados de la reforma constitucional al Poder Judicial, fortaleciendo la impartición de justicia mediante reglas claras, plazos definidos y mecanismos que combatan el rezago, la corrupción y la falta de supervisión. Asimismo, incorpora una perspectiva de derechos humanos, refuerza la licitud en la obtención de pruebas, moderniza los procedimientos con el uso de medios digitales y establece medidas de protección para las personas juzgadoras frente a delitos de alto impacto, particularmente aquellos vinculados con la delincuencia organizada.

Finalmente, entre los asuntos de mayor relevancia social que serán analizados durante el próximo periodo de sesiones se encuentra la llamada reforma laboral, que consiste en un paquete de iniciativas para garantizar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, enviadas por el Senado de la República.

La propuesta combina una reforma constitucional al artículo 123, apartado A, con las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de asegurar una implementación gradual, ordenada y jurídicamente armónica de este cambio estructural, evitando vacíos normativos.

En el documento se refiere que la Agenda articula la defensa de los derechos humanos, la igualdad sustantiva, el acceso efectivo a la justicia, la protección del medio ambiente, la mejora de las condiciones laborales, el fortalecimiento de la identidad cultural y el impulso a un desarrollo económico equitativo y sostenible, siempre con el bienestar del pueblo como eje rector.