Un área estaría enfocada en el combate a la corrupción, y la otra en la eficiencia gubernamental y transparencia.

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, el gobierno del estado analiza una posible reestructuración administrativa que implicaría la división de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en dos dependencias.

La secretaria de la Contraloría del gobierno del estado, Alejandra Pani Barragán, explicó que la propuesta contempla separar las funciones en dos áreas: una enfocada exclusivamente en el combate a la corrupción y otra orientada a mejorar la eficiencia gubernamental y las acciones preventivas en materia de transparencia.

La funcionaria detalló que este planteamiento toma como referencia el modelo de la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, la cual opera mediante dos subsecretarías con funciones diferenciadas.

Pani Barragán señaló que el análisis se realizará una vez que se publique en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” la extinción oficial del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), organismo que anteriormente tenía a su cargo las labores de transparencia y protección de datos personales. 

A partir de ello, se evaluará la viabilidad de dividir la nueva Secretaría que suplirá a la actual Contraloría, con el fin de absorber las funciones del organismo extinto y fortalecer un enfoque preventivo.

“Vamos a esperar qué es lo que establecen las leyes secundarias y revisar si es posible dividir esta nueva Secretaría que suplirá a la actual Contraloría en dos subsecretarías, para mejorar el enfoque preventivo y garantizar las acciones de transparencia en el Poder Ejecutivo y los municipios”, afirmó.

Asimismo, puntualizó que la dependencia de nueva creación podría consolidarse durante el primer trimestre de 2026.

Destacó que la reforma mantiene intacto el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y a la protección de sus datos personales, facultades que serán responsabilidad del gobierno del estado mediante la conformación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como un organismo desconcentrado.