En rueda de prensa en la sede del Consejo de la Judicatura, Falcón Vega precisó que el gobierno del estado es el responsable de la contratación de la empresa CAPSA (que a su vez contrata a los capacitadores) y a través de un convenio con el Tribunal Superior de Justicia es que se proporciona el apoyo para la realización de cursos.

Dijo que fue de esta manera como la jueza Ochoa Contreras llegó al TSJ a capacitar a los aspirantes a ocupar una de las 13 plazas en el concurso de jueces orales.

Cuestionado sobre las críticas sobre la participación de la polémica jueza en los cursos de capacitación, Falcón Vega insistió en que la abogada cuenta con el perfil académico y la experiencia para capacitar. Además, dijo, su situación jurídica se encuentra sub judice y bajo el principio de presunción de inocencia, ella no es responsable de ninguna conducta irregular durante su desempeño como enjuiciadora.

“Nosotros aplicamos el principio de presunción de inocencia, el referente que tenemos de esta licenciada es que, del punto de vista técnico jurídico, su trabajo ha sido impecable y conoce la teoría y la práctica del sistema de justicia acusatorio adversarial. Y, bueno, ahora está un juicio de amparo sub judice, donde no se ha determinado si ella es culpable o inocente”, dijo.

Catalina Ochoa Contreras impartió un curso sobre juicios orales avanzados en el salón de plenos del TSJ, sin embargo, por la polémica en que se encuentra inmersa la jueza por el caso Frayré y el homicidio de Marisela* Escobedo, surgió una serie de cuestionamientos tanto de grupos de abogados como de algunos diputados.