Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa reprueba los resultados que arroja el Portal de Información sobre Feminicidios en Morelos (PIFEM), presentado por la FGE.
La organización civil Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa señaló que de acuerdo con un análisis de los datos de la Fiscalía General del Estado, los resultados en cuanto a impartición de justicia en torno a feminicidios son “alarmantes”, pues hay un alto nivel de impunidad e ineficacia.
La agrupación dio a conocer dicho estudio justo este miércoles, cuando el titular de la FGE, Uriel Carmona Gándara, se presentó al Congreso local para discutir el presupuesto solicitado para el ejercicio fiscal 2025.
En dicho documento, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa refiere que “el análisis de los 69 casos reportados por la FGE revela una preocupante realidad: los niveles de impunidad son elevados, y el número de sentencias es significativamente bajo. Aunque la Fiscalía reconoce estos crímenes como feminicidios, la mayoría no concluyen en castigos ejemplares ni garantizan justicia para las víctimas y sus familias”.
Expone que la propia institución, el pasado 29 de noviembre, presentó su Portal de Información sobre Feminicidios en Morelos (PIFEM), una plataforma que concentra datos sobre los feminicidios ocurridos en la entidad desde 2019 a la fecha. “Este esfuerzo surge como respuesta a un mandato legal (Sentencia Campo Algodonero y la Ley de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Morelos) que la Fiscalía había desatendido previamente”.
Expone que “entre 2019 y octubre de 2024, la Fiscalía reportó un total de 221 feminicidios reconocidos oficialmente, pero sólo alcanzó 25 sentencias. Esto representa un promedio de efectividad de apenas el 11%. Por año, la efectividad fluctúa de manera mínima: en 2019 fue del 5%; en 2020, del 14%; en 2021, del 9%; en 2022, del 19%; en 2023, del 16%; y en 2024, del 6%. A pesar de algunos avances en vinculaciones a proceso, los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema”.
Además, dicha agrupación civil indicó que “de las 40 sentencias totales, incluidas las logradas por tentativa de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, 32 se concentran en solo siete municipios: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Yautepec, Xochitepec, Emiliano Zapata y Hueyapan. Seis de estos municipios tienen alerta de violencia de género, mientras que Hueyapan, una comunidad indígena, también muestra incidencia significativa. En Cuernavaca se alcanzaron 11 sentencias, siendo el municipio con mayores resultados. Le siguen Jiutepec con 6, Temixco y Yautepec con 4 cada uno, Xochitepec con 3, Emiliano Zapata con 2 y Hueyapan con 2”.
Dichos datos se interpretaron de la siguiente manera: “Esto evidencia una preocupante realidad, las víctimas no reciben respuestas contundentes de la justicia”.
El citado informe señala que en cuanto a vinculaciones a proceso, sólo se cuenta con datos de 2023 y 2024. Durante este periodo se registraron 15 vinculaciones por feminicidio y 14 por tentativa de feminicidio, sumando un total de 29 casos procesados. Sin embargo, estos avances se concentran en los mismos municipios de mayor incidencia, como Cuernavaca y Jiutepec, con seis vinculaciones cada uno, seguidos por Temixco con cuatro, y Yautepec con tres.
“Aunque la FGE cuenta con una Fiscalía especializada en feminicidios, los resultados no cumplen con las expectativas. Si bien se han logrado algunas vinculaciones a proceso, estas no se traducen en sentencias suficientes para dar certeza a las víctimas directas e indirectas. La falta de castigo a los feminicidas perpetúa un círculo de impunidad, poniendo en mayor riesgo la vida y seguridad de las mujeres, adolescentes y niñas. La sociedad morelense merece una Fiscalía que garantice justicia de manera efectiva. Las autoridades no pueden justificar esta situación señalando falta de recursos, pues han recibido un presupuesto histórico en los últimos años”.
Susana Díaz Pineda, vocera del Centro, comentó que “lo que parece faltar es un verdadero compromiso con los derechos y la seguridad de las mujeres. Urge que el ejercicio de transparencia que implica el PIFEM se acompañe de rendición de cuentas”.