Entrevistado sobre el caso de José Luis Popoca Memije, sobrino de una magistrada, y dos trabajadores involucrados en el presunto hurto de 50 mil pesos depositados por concepto de suerte principal por la representación de la parte demandada en un juicio mercantil, el presidente del Consejo de la Judicatura, Miguel Ángel Falcón Vega, expresó que la parte afectada presentó su queja ante la Visitaduría y se inició el procedimiento administrativo correspondiente para deslindar posibles responsabilidades.
“Al parecer hay una irregularidad en un juzgado de Jiutepec. Nosotros vamos a iniciar los procedimientos de responsabilidad que corresponda y vamos actuar en consecuencia con ello. En este momento no podemos hacer una imputación directa atendiendo al principio de presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, dijo.
Sostuvo que no hay presión ni ningún tipo de influencia sobre el caso y defendió la integridad de la magistrada Virginia Popoca, cuyo sobrino es uno de los tres oficiales acusados del hurto de los 50 mil pesos.
“Hay una persona que aparentemente está involucrada y se iniciará la investigación para determinar si existe o no esa responsabilidad y también hay que hacer la aclaración que, efectivamente, (uno de los acusados) es familiar de la magistrada. Sin embargo, éstos son trabajados distintos y lo que haga este chico, este joven, no tiene que repercutir en la imagen e investidura de la magistrada”, afirmó.
Indicó que también se investigará por qué la abogada denunciante hizo el depósito de los 50 mil pesos en efectivo en el juzgado, cuando los litigantes saben que esto está prohibido y que el procedimiento legal es hacer el depósito ante el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia para obtener sus correspondientes certificados.
Falcón Vega expresó que derivado de este caso, ayer mismo instruyó al magistrado visitador, Bernardo Sierra Becerra, a realizar una supervisión en cada uno de los 63 juzgados civiles y penales para detectar cualquier práctica irregular y verificar que los certificados sean cobrados por la persona que esté legitimada para hacerlo.
