El organismo podrá defender a funcionarios y exfuncionarios implicados en procedimientos de responsabilidades administrativas.

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos es competente para conocer asuntos en materia administrativa, es decir, para asesorar y representar a funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos en contra de actos de las autoridades estatales, municipales y organismos descentralizados.

Previo a la reforma a la Ley de la Defensoría Pública estatal, el instituto proporcionaba asesoría, defensa y patrocinio jurídico únicamente en materia penal, civil, familiar y de justicia para adolescentes, a personas implicadas en una conducta tipificada como delito, con énfasis en la defensa de los derechos de miembros de los pueblos indígenas y personas con discapacidad.

Sin embargo, con la modificación a la fracción V del Artículo 9 de la Ley de la Defensoría Pública –en vigor desde el 1 de agosto- el legislador incluyó la materia administrativa, lo que significa que el instituto tendrá competencia para proporcionar servicios de representación legal contra actos de autoridad locales.

De acuerdo con el decreto legislativo, la reforma tiene dos argumentos esenciales: el primero, garantizar el acceso equitativo a la justicia con expansión de las competencias del Instituto de la Defensoría; y, el segundo, proporcionar el derecho a una defensa adecuada a los funcionarios y exfuncionarios implicados en procedimientos de responsabilidad.

“El objetivo es incluir la materia administrativa y otorgar el servicio de patrocinio legal gratuito y orientación técnica en responsabilidades administrativas, a través de un defensor de oficio que asegure el derecho a una óptima defensa legal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos”, se estableció en el decreto de reforma en el que se enfatizó que, con la instauración de los sistemas nacional y estatales anticorrupción, existe una creciente demanda de servicios especializados, y los involucrados (funcionarios y exfuncionarios) carecen de una defensa pública de oficio en materia administrativa.

Esta reforma tendrá un impacto al erario, para lo cual el legislador dispuso que Instituto de la Defensoría Pública deberá solicitar y recibir una ampliación presupuestal para proporcionar el servicio de asesoría y representación legal en materia administrativa.