El 30 de agosto se venció el plazo que la Sedena otorgó al gobierno estatal para que la Secretaría de Seguridad Pública determinara disolver o reestructurar la corporación, que presta servicios de seguridad a más de cien personas físicas y morales.

Por escrito, el Poder Ejecutivo solicitó a la dependencia castrense una prórroga de dos años para proceder gradualmente a la extinción de la PIBA para no dejar intempestivamente sin empleo a cientos de elementos y no dañar las finanzas públicas.

“Lo que nosotros estamos comentando es que hay una problemática estructural de elementos que en el momento en que desparezca (la PIBA) estaríamos afectando a familias, estaremos dejando sin empleo a personas, estaremos haciendo un boquete financiero al estado y en ese sentido se ha solicitado (prórroga) porque no podemos actuar así tan a rajatabla”, dijo el secretario de Gobierno, Oscar Sergio Hernández Benítez.

El encargado de la política interna comentó que el Poder Ejecutivo espera que en breve la Sedena le notifique si aprueba o no la prórroga solicitada para cumplir con la orden de desaparecer esta corporación.

La extinción de la Policía Industrial, Bancaria y Auxiliar está sustentada en el impedimento del estado de proporcionar el servicio de seguridad privada y el uso para este fin de armas destinadas exclusivamente para la seguridad pública. Además, según las autoridades estatales, la operatividad de la corporación es poco rentable.

Asimismo, Hernández Benítez expresó que de aprobarse la prorroga, la PIBA seguirá prestando el servicio a particulares de manera habitual durante los próximos 24 meses, hasta que haya condiciones para su liquidación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la PIBA está integrada por alrededor de mil 200 elementos y el 50 por ciento es personal operativo asignado a las actividades de resguardo de personas e instalaciones privadas.

Analizan resolución de CDHEM

Por otra parte, Hernández Benítez informó que la Consejería Jurídica analizará la solicitud realizada por la Comisión de Derechos Humanos de Morelos al gobierno del estado y a la fiscalía estatal respecto al caso Jethro.

Dijo que una vez que se analice el contenido de la solicitud y su alcance, el Poder Ejecutivo fijará una postura oficial sobre si acepta o no la solicitud del organismo que ha pedido al mandatario estatal que gire las instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se dé cabal seguimiento a los procedimientos que se inicien por las conductas cometidas de los servidores públicos locales (policías municipales de Cuernavaca) involucrados en la detención irregular de Jethro Ramsés Sánchez Santana y que desencadenaron su desaparición, tortura y homicidio a manos de elementos militares.