La Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad declaró legal y constitucional la designación de seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia, con lo cual se da por concluido el litigio que en su momento enfrentó políticamente a los Poderes Judicial y Legislativo.
Ayer, el pleno del Alto Tribunal analizó la controversia constitucional 66/2009 promovida por el otrora presidente del TSJ Ricardo Rosas Pérez en agosto de 2009, quien alegó irregularidades en el proceso de designación.
El proyecto presentado por el ministro ponente Guillermo Ortiz Mayagoitia fue aprobado con algunas modificaciones por unanimidad y se declaró constitucional la designación realizada por los diputados el 19 de julio de 2009 de Carlos Iván Arenas Ángeles, Ángel Garduño González, Rubén Jasso Díaz y María Idalia Franco como magistrados numerarios, así como de Norberto Calderón Ocampo y Guillermina Jiménez Serafín como magistrados supernumerarios.
Además, recalcó la constitucionalidad de los artículos del 110 al 120 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en los que se regula la facultad del Poder Legislativo para la designación de magistrados.
En la resolución, se hizo énfasis en que la L Legislatura no incurrió en irregularidades como argumentó entonces el presidente del TSJ, ya que es facultad del Congreso definir la convocatoria y el proceso para nombrar magistrados.
A pesar de que en la controversia se cuestionó que el Congreso haya exigido a los aspirantes un ensayo científico jurídico y que los diputados no hayan tenido el grado de escolaridad o la preparación académica necesaria para calificar estos trabajos, los ministros de la SCJN detallaron que el ensayo requerido es congruente con el principio de idoneidad para la designación de funcionarios judiciales y que el grado de escolaridad o perfil de los legisladores no puede condicionar la constitucionalidad del proceso de designación.
De esta manera, con la resolución de la controversia 66/2009 queda firme el nombramiento de los seis magistrados y se valida el procedimiento contemplado tanto en la Constitución local como en la Ley Orgánica del Congreso para llevar a cabo la designación de magistrados.
Cabe destacar que queda pendiente la resolución de un juicio de amparo en revisión promovido por las juezas Aurora Salgado Jaimes y María Luisa Sánchez Osorio, ex aspirantes a una magistratura, que impugnaron el procedimiento de designación pero con la sentencia del Alto Tribunal es previsible que el recurso sea sobreseído o desestimado.
