El presidente de la Junta Política y de Gobierno Luis Miguel Ramírez Romero admitió que el Poder Legislativo actuó en ilegalidad, al no haber elegido al nuevo magistrado numerario, puesto que el plazo para hacerlo era antes del 15 de julio. Sin embargo, insistió que las condiciones para que los diputados tomaran una decisión no estaban dadas.

Señaló que había diferencias entre los grupos parlamentarios e incluso entre los mismos compañeros de bancada, puesto que no se pusieron de acuerdo para elegir a quien ocuparía la plaza que dejó acéfala el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez.

Es que aunque el acuerdo fue designar al abogado con más capacidades y una excelente carrera judicial, el también coordinador de los diputados panistas admitió que también se requería de consensos, puesto que había diferencias entre quién es el candidato idóneo.

De cualquier forma, el presidente de la Junta Política y de Gobierno afirmó que el Congreso del estado hará frente a cualquier proceso legal que aspirantes a la magistratura pudieran emprender, como primeros afectados en la falta de los legisladores.

“Lo que podríamos hacer es que la Permanente nos convoque a los diputados y sesionar para elegir al magistrado, si es que un juez nos ordena cumplir con el proceso. No hay otra alternativa cuando no hay condiciones”, declaró el coordinador de la bancada panista.

En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local Julio Espín Navarrete confirmó que hay diferencias al interior de su bancada, en cuanto a la designación del magistrado numerario, puesto que desde la dirigencia de su partido, el PRI, se intentó colocar al abogado Carlos Cuenca. Sin embargo, dijo que no todos sus compañeros de bancada están de acuerdo.