Saúl Medina Villagómez, representante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), manifestó que ha hecho falta información transparente y pública tanto para los inversionistas como para los ciudadanos sobre los planes de desarrollo, donde se puedan ver los lugares que son viables para construir; o saber porqué en determinado sitio no es posible hacer algún complejo comercial o habitacional.

Consideró que es importante que las autoridades locales avalen, apegadas a las leyes que rigen este tipo de acciones (como los planes de desarrollo estatal y municipal, la ley de fraccionamientos, la ley de obras públicas, etcétera) para evitar problemas o situaciones que surgen cuando a los inversionistas se les permite construir en lugares donde supone son áreas verdes que podrían ser turísticas o de cultivo, o con algún problema legal, sólo por obtener un ingreso para las arcas municipales, pero que a la larga dejan problemas en futuras administraciones.

Recomendó al respecto que “lo ideal es que los municipios convocaran a inmobiliarios, fraccionadores e inversionistas, para que sepan donde sí y donde no se puede construir de acuerdo a las condiciones del terreno”.

Y que en todo el procedimiento de trámites y proyectos a realizar, “inversionistas y gobierno trabajen de manera ordenada en cuanto al crecimiento, porque en muchas ocasiones los ayuntamientos no ejecutan bien el plan de desarrollo y por ello dejan que los fraccionadores, compradores e inversionistas, omitan cumplir con lo que marca la ley. Y cuando es el caso, se da hasta que cambian a su arbitrio algunos artículos o apartados del plan para que cuadren y con eso se haga parecer que se cumple con la ley y el requisito”, advirtió Saúl Medina y reiteró que los municipios deben cuidar eso junto con el estado, supervisando a directores encargados de las áreas de fraccionamientos y obras públicas para saber qué es lo que autorizan y bajo qué criterios y requisitos, y con ello evitar en un futuro problemas sociales.