La nueva ley sustituye a la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para el Estado de Morelos, que fue abrogada por considerar fallas importantes, que no permitían su correcta aplicación a favor de la salud de los ciudadanos.

El diputado local Esteban Gaona Jiménez, quien propuso dicha ley, afirmó que el consumo del tabaco genera graves consecuencias sociales, sanitarias, ambientales y económicas, y mucho más cuando se hace en lugares públicos.

“El tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible en el mundo, dicho de otra forma es una enfermedad que con los cambios necesarios a la legislación en la materia y con la concientización de la autoridad y la sociedad en su conjunto, se pueden bajar sustancialmente los índices de mortalidad que actualmente existen”, manifestó en tribuna, durante la sesión ordinaria de este lunes, como continuación de la del viernes pasado que se suspendió.

El legislador local añadió que anualmente se registran más de 53 mil muertes a causa del tabaco y el costo que los mexicanos pagan por el consumo del mismo es de 45 millones de pesos anuales.

Al aprobar dicha legislación, los diputados locales determinaron difundirla en todo el estado, para que a partir de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, conozcan de sus efectos y los negocios, principalmente, no se vean sorprendidos.

Es que a diferencia de la anterior ley que trataba la protección a la salud de los no fumadores, la aprobada este lunes contempla altas multas, que con el salario actual van desde 6 mil hasta 560 mil pesos aproximadamente, y la sanción económica será doble en caso de que los negocios reincidan en la falta.

Asimismo, se contempla el arresto hasta por 36 horas y clausuras parciales o totales para los establecimientos.

Por otro lado, dentro de los pendientes que diputados dejarán para el próximo periodo de sesiones, está la discusión para la homologación de reformas hechas a la Ley de Salud Federal, para que los gobiernos estatales atiendan directamente el problema del narcomenudeo y deje de ser facultad exclusiva de la Federación.

Con las modificaciones hechas a nivel federal, las policías estatales y las procuradurías tendrán la facultad, una vez reformadas las leyes locales, de detener a narcomenudistas y juzgarlos como un delito del fuero común.

Sin embargo, los diputados han retrasado la discusión del tema por su delicadeza, pues además de las adecuaciones legales, se tendrá que determinar la forma para crear infraestructura y disponer de recursos materiales y humanos necesarios para atender el problema del tráfico de drogas al menudeo.