Además, se pronunciaron porque los magistrados y los jueces del Tribunal Superior de Justicia se sometan a exámenes de control de confianza. En tanto, el tema fue tocado “fuera de acta” en la sesión de ayer del pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la que no hubo comentarios diversos de los magistrados.

La presidenta de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Adela Manzanarez Alonso, afirmó que es completamente incongruente que el Consejo de la Judicatura permita la “reinscripción” de las personas que reprobaron el examen de control de confianza, aplicado por el Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización, y que consideró que 14 de los 15 aspirantes resultaron “no aptos”.

“Ese examen determinó que no eran las personas idóneas para el cargo y por eso no estamos de acuerdo en que vuelvan a participar”, dijo al señalar que sería incongruente su participación.

Es decir, explicó, “si esta vez reprobaron el examen de confianza, obviamente que en la aplicación de siguiente el resultado debe ser el mismo. En caso de que resulten aptos en la nueva evaluación, entonces habría muchas suspicacias en el nuevo proceso para la designación de 13 jueces orales”.

La Asociación de Abogados Penalistas fijó la misma postura, sin embargo fue más allá, al señalar que los todos los jueces y magistrados deben someterse a la misma evaluación, y ser dados de baja en caso de no aprobarla.

Eleacín Salgado de la Paz, secretario general de la Asociación de Abogados del Estado de Morelos, afirmó que la agrupación comparte el comentario del presidente del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega, sobre que es necesario buscar y tener a los mejores jueces.

Sin embargo, señaló que la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que periódicamente los policías, peritos y Ministerios Públicos están obligados a presentar los exámenes de control de confianza y son dados de baja, sin posibilidad de reingresar a laborar a las áreas de seguridad, los que son calificados como “no aptos”.

Salgado de la Paz manifestó que los impartidores de justicia no deben ser ajenos a este proceso de certificación y “por ello nos pronunciamos porque los actuales magistrados y jueces sean sometidos a los exámenes de control de confianza, pues sabemos que hay gente muy capaz y preparada, pero hay otros cuyo desempeño es dudoso”.

Cabe destacar que en agosto de 2010, el presidente del TSJ y de la Judicatura, Miguel Ángel Falcón Vega, junto con otros consejeros como Ernesto Pérez Soria y Antonio Tallabs Ortega, se comprometieron ante miembros de la Asociación de Abogados Penalistas a someterse al examen de control de confianza. A casi un año de distancia, ninguno se ha sometido a esta evaluación argumentando problemas de agenda.

El secretario general criticó la nueva convocatoria emitida por el Consejo de la Judicatura, que permite la participación de las personas que reprobaron exámenes de control de confianza, durante los concursos de oposición recientemente declarados insuficientes.

Coincidió con la Barra de Abogados en que sería ilógico pensar en que en podrían aprobar la evaluación en la segunda ocasión, e incluso indicó que este resultado hace necesario analizar el desempeño de los aspirantes, que siendo servidores públicos resultaron “no aptos” en los exámenes de control de confianza (que abarca evaluación médica-psicológica, prueba antidoping, de polígrafo y entorno social).

Asimismo, la Asociación de Abogados Penalistas lamentó que el Consejo de la Judicatura no haya tenido sensibilidad y requerido opinión de las agrupaciones antes de emitir la nueva convocatoria.

En tanto, en el pleno del TSJ el tema fue comentado “fuera de acta”, pues se manifestó la preocupación sobre las críticas que habría sobre empleados del tribunal que participaron en el concurso de 13 plazas anterior y que no pasaron el examen de control de confianza.

De acuerdo con datos recabados por La Unión de Morelos de forma extra oficial  –ya que el TSJ ha evitado la difusión de las convocatorias a sesiones de pleno- hubo posturas críticas de algunos magistrados sobre la nueva convocatoria, en tanto que otros consideraron necesario cobijar a trabajadores descalificados.

En marzo pasado el Consejo de la Judicatura realizó dos  convocatorias para concursar 13 plazas nuevas de jueces orales. Se inscribieron 118 personas, pero el Consejo de la Judicatura sólo admitió en la primera etapa del concurso a 34 que cumplieron con todos los requisitos legales y la presentación de la documentación solicitada. Tras la aplicación y calificación de los exámenes por parte del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), pasaron a la segunda etapa sólo 15 personas.

Esta etapa era la prueba de fuego de los aspirantes, pues serían sometidos a exámenes de control de confianza para  evaluar su estado físico y psicológico, detectar si consumían sustancias tóxicas o prohibidas, si su nivel de ingresos corresponde a su estilo de vida. Además de la prueba del polígrafo, conocido popularmente como el detector de mentiras.

Este martes, el Consejo de la Judicatura informó que sólo una persona aprobó el examen de control de confianza y 14 no. Esto obligó a los consejeros a declarar insuficiente la convocatoria y emitir una nueva, ya que a más tardar el 15 de diciembre tienen que ser designados 13 jueces orales, que entrarán en funciones el 1 de enero de 2012 con la puesta en marcha de la tercera y última fase del sistema de justicia acusatorio adversarial.